Por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Magistrado de Circuito adscrito al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las calles de México y del mundo se llenan de voces que exigen igualdad, justicia y un alto definitivo a la violencia de género. Es una fecha que no nació como celebración, sino como memoria histórica de lucha y reivindicación de derechos. Sin embargo, junto a las consignas y los pañuelos morados, también emergen imágenes de confrontación, pintas, daños a inmuebles y enfrentamientos con autoridades.
El debate se repite año con año: ¿por qué ocurre esta violencia en las marchas? ¿Está justificada? ¿Es parte inevitable de la protesta o una distorsión de su causa?
Para entenderlo, es necesario partir de una realidad innegable. México enfrenta una crisis estructural de violencia contra las mujeres. Las cifras de feminicidio, desapariciones y agresiones sexuales no son percepciones: son datos duros que configuran un problema público de enormes dimensiones y que golpean nuestra realidad. Muchas de las mujeres que marchan lo hacen tras haber agotado previamente las vías institucionales sin encontrar respuestas eficaces. Esa frustración acumulada —dolor, impunidad, indiferencia burocrática— se transforma en indignación colectiva.
En términos sociopolíticos, la protesta es un mecanismo de presión legítimo. La Constitución reconoce el derecho a la libre manifestación. Históricamente, los derechos laborales, civiles y políticos se conquistaron en las calles antes de consolidarse en leyes. No obstante, el punto de tensión surge cuando la protesta deriva en actos que afectan bienes públicos o privados.
Algunas manifestantes sostienen que los daños materiales no pueden equipararse a la pérdida de vidas. Bajo esa lógica, la ruptura simbólica del espacio público —monumentos, edificios gubernamentales— busca visibilizar un problema que consideran sistemáticamente minimizado. Desde esa perspectiva, no se trata de vandalismo sin sentido, sino de un lenguaje de protesta radical frente a un sistema que no escucha.
Quienes critican estos actos argumentan, en cambio, que la violencia erosiona la legitimidad del movimiento y desvía la atención mediática del mensaje central. Señalan que el Estado de derecho exige que incluso las causas más justas se conduzcan por vías pacíficas.
Ambas posturas conviven en el debate público. Pero reducir la discusión a “marchas violentas sí o no” empobrece el análisis. La pregunta de fondo no es únicamente por qué algunas manifestantes rompen vidrios, sino por qué, después de décadas de exigencias, persiste la sensación de que nada cambia con la velocidad necesaria.
La violencia en las marchas no surge en el vacío, es reacción —equivocada para algunos, comprensible para otros— ante otra violencia previa, estructural, cotidiana y que no disminuye con la urgencia requerida. La energía social que se observa el 8 de marzo es el síntoma visible de una herida más profunda y que aún tardará en sanar.
El verdadero desafío institucional no es solamente contener disturbios, sino erradicar las causas que alimentan la rabia. Cuando la justicia es pronta, efectiva y sensible; cuando las investigaciones no revictimizan; cuando las sentencias llegan; cuando la prevención funciona, la protesta encuentra otros cauces.
El 8 de marzo no es un día cómodo. Es un día incómodo porque nos obliga a mirar de frente desigualdades persistentes. Las marchas, incluso en su dimensión más confrontativa, son un termómetro social. Ignorarlas o reducirlas a la nota roja, o al debate sin sentido, es perder la oportunidad de atender el fondo del problema.
Es inevitable advertir la contradicción de un Estado que moviliza dispositivos extraordinarios para custodiar en la muerte a figuras vinculadas a periodos de violencia e inestabilidad, pero que aún no logra consolidar una política pública suficientemente sólida para garantizar la seguridad cotidiana de cada mujer en el país.
La pregunta final no debería ser si incomodan las pintas en los muros, ruptura de cristales, daño a patrimonio público y privado, sino qué tan dispuestos estamos, como sociedad e instituciones, a eliminar las razones que llevan a escribirlas.
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