En un contexto marcado por tensiones migratorias y políticas restrictivas en América del Norte, México podría enfrentar una crisis humanitaria en 2025 debido a una posible ola de deportaciones masivas de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos. A esta situación se suma un incremento significativo en las repatriaciones desde Canadá en los últimos años, lo que pone en alerta a los gobiernos estatales en la franja fronteriza de México.
Si bien Estados Unidos ha liderado históricamente las cifras de deportaciones con un promedio anual de 270,000 expulsiones bajo la administración de Joe Biden, Canadá se ha sumado a este fenómeno con un aumento sustancial en las medidas migratorias. Según datos del periodista Pedro Domínguez, las deportaciones desde Canadá alcanzaron las 1,020 en 2023 y las 1,244 en 2024, en contraste con los apenas 12 casos reportados en 2019.
Este incremento responde a diversas medidas adoptadas por la administración de Justin Trudeau, incluyendo:
- Reinstalación de la visa para ciudadanos mexicanos.
- Reducción de solicitudes de asilo para quienes huyen de la violencia.
- Rechazo a peticiones de refugio, argumentando que muchas no cumplen con los criterios establecidos.
- Costos significativos, ya que cada solicitud de asilo representa una ayuda mensual de 400 dólares canadienses.
Además, las autoridades canadienses han detectado que muchos mexicanos solicitan protección con el objetivo de establecerse y obtener empleo, lo que ha endurecido aún más las políticas migratorias.
Las deportaciones desde Canadá también reflejan un panorama de tensiones entre ambos países, particularmente en temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio. Si bien México y Canadá celebraron en 2024 los 50 años de una relación diplomática formalizada en 1944, los recientes conflictos podrían derivar en una mayor presión migratoria y en una posible reducción de las plazas disponibles en el programa de trabajadores agrícolas temporales.
A pesar de estos desafíos, los dos países han trabajado en fortalecer sus lazos mediante foros culturales, actividades académicas y la promoción de valores compartidos como la sostenibilidad y la cooperación multilateral.
Ante este escenario, los gobiernos estatales en la frontera norte de México han comenzado a diseñar estrategias para atender un posible incremento en las deportaciones, con medidas que incluyen:
- Refugios temporales para recibir a los connacionales.
- Asesoría legal y psicológica para quienes enfrenten procesos de reintegración.
- Programas de empleo y capacitación destinados a facilitar su reincorporación a la vida económica del país.
Aunque las cifras de deportaciones desde Canadá aún están lejos de las reportadas por Estados Unidos, el ritmo de incremento anual y las tensiones diplomáticas generan preocupaciones sobre una tendencia ascendente. Por otro lado, la relación estratégica entre México y Canadá podría jugar un papel clave para buscar soluciones conjuntas y mitigar los impactos de esta problemática.
En conclusión, es fundamental que el gobierno mexicano no solo reactive los diálogos diplomáticos con sus socios del norte, sino que también implemente políticas nacionales que protejan los derechos y el bienestar de los mexicanos repatriados.
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