La infraestructura vial del Estado de México atraviesa una seria crisis financiera y operativa. Así lo advirtió Ariel Juárez, director de la Junta Local de Caminos, quien reveló que el 60% de las vialidades estatales están concesionadas a empresas privadas, lo que ha generado severas restricciones presupuestales para el mantenimiento y mejora de la red carretera.
Durante una conferencia de prensa, Juárez detalló que aunque la Junta recibió este año 3,200 millones de pesos, apenas el 7% de estos recursos está disponible para operación directa, ya que el 93% se destina al pago de compromisos heredados mediante esquemas de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), firmados durante administraciones priistas.
“Literal, la Junta sobrevive. No somos una entidad recaudadora, pero aun así hemos logrado poner en orden temas como la publicidad exterior”, afirmó.
El funcionario estatal señaló directamente a la empresa Aleatica, antes OHL México, por su presunta responsabilidad en el deterioro financiero de la Junta de Caminos y el abandono de obras públicas.
“Se llevaron hasta los postes y no han pagado lo que corresponde […]. Nos estamos enfrentando a un aparato de poder muy corrupto, pero no vamos a ceder”, declaró Juárez en referencia a la construcción inconclusa del Viaducto Elevado sobre Periférico Norte.
Ariel Juárez también anunció que más del 80% de la publicidad instalada en derechos de vía es irregular, y muchas empresas operan al amparo de redes de corrupción heredadas de gobiernos anteriores.
En este sentido, adelantó que presentará una iniciativa ante el Congreso local para regular la colocación de anuncios en zonas viales, con el objetivo de sanear y recuperar el control sobre estos espacios.
Pese a las limitaciones financieras, la Junta de Caminos planea recuperar el control de vialidades en al menos 10 municipios del Estado de México, sin necesidad de recurrir a un rescate carretero.
El director destacó que la recuperación del Periférico Norte representa un ahorro de hasta 400 millones de pesos para el gobierno estatal, y forma parte de una estrategia más amplia para desconcesionar tramos estratégicos y rehabilitar la infraestructura vial sin endeudamiento adicional.
En conclusión, la denuncia de Ariel Juárez pone en evidencia las consecuencias de las concesiones viales mal manejadas en el Estado de México, así como la necesidad urgente de revisar los contratos de APP y PPS que comprometen el presupuesto público. Con iniciativas para regular la publicidad en derechos de vía y recuperar el control de las carreteras, la Junta de Caminos busca marcar un giro hacia la transparencia y la eficiencia operativa.
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