La gestión financiera del Estado de México está dando un giro histórico, pues la administración actual, liderada por la gobernadora Delfina Gómez, ha marcado un precedente significativo al anunciar que, por primera vez en décadas, el 2024 no contemplará la adquisición de nueva deuda para la entidad. Esta decisión representa un paso crucial en el esfuerzo por sanear las finanzas estatales y reducir el peso de la deuda que ha crecido de manera constante durante los últimos sexenios, principalmente bajo la dirección del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Históricamente, el Estado de México ha recurrido al endeudamiento como mecanismo para financiar sus actividades, resultando en una deuda que actualmente asciende a más de 60 mil millones de pesos. Esta carga financiera, si se distribuyera equitativamente entre la población del estado, significaría un adeudo de aproximadamente 3,500 pesos por persona. La magnitud de esta deuda coloca al Estado de México como el tercer estado más endeudado del país, solo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León.
El crecimiento de la deuda durante el último sexenio es particularmente notorio, habiendo escalado en un 65% desde casi 40 mil millones de pesos en 2017 a los más de 60 mil millones de pesos actuales. Este aumento refleja las decisiones financieras tomadas en años anteriores, donde la gestión de recursos estuvo marcada por un enfoque hacia el endeudamiento a largo plazo, con pagos programados hasta el año 2040.
La estrategia financiera para el 2024, sin embargo, se aleja de esta tendencia. El gobierno del Estado de México ha planificado un presupuesto que se concentra exclusivamente en el pago de amortización y de intereses de la deuda existente, sin incurrir en nuevos préstamos. Este año, se destinarán 10,326 millones 539 mil pesos para estos fines, como parte de las medidas adoptadas dentro del Paquete Fiscal del 2024, aprobado por los legisladores del estado.
La decisión de no adquirir nueva deuda no solo es un indicativo de un cambio en la política financiera estatal sino también un esfuerzo por mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Este enfoque ha sido bien recibido por las agencias calificadoras internacionales como Moody’s, Fitch Ratings, HR RATINGS y S&P Global Ratings, las cuales han otorgado calificaciones positivas al Estado de México. Estas calificaciones reflejan la confianza en la capacidad del estado para mantener márgenes operativos sólidos y una buena recaudación de ingresos propios, a pesar del elevado nivel de deuda.
Cabe destacar que el incremento significativo de la deuda pública en sexenios anteriores, particularmente durante la gestión de Eruviel Ávila Villegas, subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad fiscal. Bajo la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda se situó en 28,271 millones de pesos, cifra que aumentó a 38,277 millones en años posteriores, demostrando una tendencia creciente que ha culminado en los más de 60 mil millones de pesos actuales.
La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez de no incorporar nueva deuda en el presupuesto del 2024 es un claro indicativo de un compromiso renovado con la responsabilidad fiscal y la gestión prudente de los recursos estatales. Este enfoque no solo busca estabilizar las finanzas del Estado de México sino también asegurar un futuro más sostenible para sus habitantes, aliviando la carga financiera que recae sobre las generaciones presentes y futuras.
