La tranquilidad del Parque Bicentenario de Toluca se vio interrumpida por un hecho alarmante: un niño de ocho años denunció que un hombre intentó tocarlo de manera indebida dentro de los baños públicos. Lo más preocupante es que, pese a los señalamientos de la víctima y sus padres, el presunto agresor fue liberado por un policía municipal, lo que ha generado indignación y temor en la población.
De acuerdo con los padres, el menor ingresó solo al sanitario mientras ellos lo esperaban afuera. Minutos después, salió corriendo y llorando para contar lo ocurrido. Los familiares lograron ubicar al sospechoso y pidieron la intervención de un uniformado.
Sin embargo, el policía no procedió a detener al hombre. En lugar de ello, lo cuestionó con un tono que levantó sospechas “¿y tú qué haces aquí?” como si lo conociera previamente, y finalmente le permitió abandonar el lugar sin mayores consecuencias.
El hecho generó temor entre las familias que estaban en el parque, quienes consideraron que la omisión policial manda un mensaje peligroso: que un agresor de menores puede actuar impunemente bajo la complacencia de las autoridades.
Vecinos de colonias cercanas también expresaron su molestia. Jorge Ramírez, padre de dos niñas que suelen visitar el parque, señaló:
“Lo más grave es que esto pasó en un lugar que se supone es para la recreación familiar. Ya ni aquí estamos seguros”.
Posterior al incidente, la familia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el objetivo de que el presunto agresor sea investigado y se finquen responsabilidades al policía por encubrimiento y negligencia.
Los padres, no obstante, temen que la falta de pruebas técnicas derive en que el caso sea archivado, como ha ocurrido en situaciones similares. Por ello, exigen un proceso transparente y sanciones ejemplares tanto para el agresor como para el elemento policial que lo dejó en libertad.
Este hecho ha puesto en debate la eficacia de la vigilancia en los espacios públicos de Toluca. Organizaciones ciudadanas y vecinos piden reforzar las medidas de seguridad, además de capacitar a los cuerpos policiales para que actúen con rigor en casos que involucran a menores.
En conclusión, la demanda social es clara: garantizar la seguridad de las familias en lugares destinados a la convivencia y aplicar la ley sin tolerancia a la impunidad.
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