Una nueva iniciativa en el Congreso busca regular la difusión de mensajes religiosos en redes sociales. Legisladores y analistas advierten posibles riesgos para la libertad de expresión y la participación de líderes religiosos en el debate público.
El Congreso mexicano analiza una propuesta que ha despertado inquietudes entre diversos sectores sociales. Se trata de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que busca incorporar nuevas regulaciones a la difusión de contenidos religiosos en redes sociales, bajo el argumento de prevenir discursos de odio y mantener la neutralidad digital.
La propuesta, promovida por el diputado morenista Arturo Federico Ávila Anaya, fue publicada el pasado 28 de octubre en la Gaceta Parlamentaria y plantea modificar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Dicha reforma se presentaría como una medida para fortalecer el carácter laico del Estado en el entorno digital, aunque críticos de la iniciativa ven un trasfondo más preocupante.
El texto de la iniciativa establece que la Secretaría de Gobernación sería la encargada de definir lineamientos para la operación responsable y transparente de los contenidos religiosos difundidos a través de plataformas digitales.
Entre los puntos centrales se encuentran:
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Preservar la laicidad del Estado, evitando que los mensajes religiosos se utilicen con fines partidistas.
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Garantizar pluralismo y diversidad mediática, permitiendo que distintas confesiones tengan participación equitativa en el ecosistema digital.
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Proteger los derechos digitales, abordando la transparencia algorítmica, accesibilidad y prohibiendo censuras arbitrarias.
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Prevenir discursos de odio, en coordinación con Gobernación y autoridades de telecomunicaciones.
Para su implementación, se propone incorporar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que trabajaría junto con Gobernación en la elaboración de los lineamientos sobre contenidos religiosos en línea.
De acuerdo con la exposición de motivos, esta modificación busca modernizar la legislación para adaptarla a la era digital. La iniciativa sostiene que es necesario establecer un marco que garantice la participación equitativa de todos los grupos religiosos y, al mismo tiempo, asegurar que los contenidos difundidos no vulneren derechos humanos ni se utilicen para fines que puedan generar discriminación o polarización social.
Pese a que la propuesta se presenta como una herramienta para promover un entorno digital seguro e incluyente, diversos analistas alertan sobre el posible uso discrecional de estas facultades. Temen que la reforma pueda derivar en restricciones a los mensajes y opiniones de sacerdotes, obispos, pastores y otros líderes religiosos, especialmente cuando sus planteamientos resulten incómodos para el gobierno en turno.
La preocupación central es que el andamiaje legal propuesto abra la puerta a medidas que limiten la libertad de expresión bajo el argumento de combatir discursos de odio, lo que podría traducirse en un control indirecto sobre el debate público.
Mientras esta iniciativa continúa su camino legislativo, las voces críticas llaman a vigilar de cerca su desarrollo para garantizar que no se convierta en un instrumento de censura. La discusión sobre la regulación de contenidos religiosos en redes sociales abre un debate más amplio sobre los límites entre la protección contra discursos nocivos y el respeto irrestricto a la libertad de expresión.
El país se enfrenta, una vez más, al desafío de equilibrar la seguridad digital y los derechos fundamentales en un contexto donde la conversación pública se libra cada vez más en plataformas tecnológicas.
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