El robo de cables eléctricos y de telecomunicaciones continúa escalando en diversas regiones del Estado de México, convirtiéndose en uno de los delitos que más afecta la continuidad de servicios públicos esenciales. Este fenómeno, impulsado por el valor del cobre en el mercado ilegal, ha puesto en jaque a autoridades municipales y estatales durante los últimos años.
El principal incentivo detrás de este delito es el atractivo precio del cobre en las chatarrerías. De acuerdo con investigaciones locales, quienes participan en esta actividad delictiva pueden obtener entre 120 y 150 pesos por cada kilogramo de cobre robado, cifra que varía según la pureza del metal.
El material considerado de primera calidad, es decir, cobre limpio y libre de recubrimientos, puede alcanzar hasta 160 pesos por kilo. En contraste, el cobre mezclado o recuperado de cables con aislamiento suele oscilar entre 100 y 130 pesos. Esta dinámica ha convertido al robo de cable en un negocio rentable para bandas y delincuentes oportunistas.
Los reportes policiales muestran una tendencia creciente en municipios clave del Valle de Toluca.
En San Mateo Atenco, solo durante 2024 se registraron entre seis y ocho detenciones en flagrancia relacionadas con el robo de cableado.
Por su parte, Toluca, la capital del Estado de México, acumuló al menos 12 detenciones por este delito hasta noviembre de 2025, de acuerdo con registros de la Policía Municipal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estas cifras reflejan solo una parte del problema, pues muchos incidentes no se denuncian o quedan sin resolver.
El hurto de cable no solo genera pérdidas económicas para instituciones públicas y empresas privadas; también provoca afectaciones directas a la ciudadanía. Entre los principales servicios comprometidos se encuentran:
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Alumbrado público
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Telefonía e internet
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Semáforos y sistemas de movilidad
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Infraestructura eléctrica comunitaria
La interrupción de estos servicios incrementa riesgos viales, limita la comunicación y perjudica la seguridad en zonas habitacionales.
El Código Penal Federal contempla sanciones rigurosas para este tipo de robos. Cuando la sustracción de cableado ocasiona la interrupción de servicios públicos esenciales, los responsables pueden enfrentar hasta 10 años de prisión. Esta medida busca desalentar la práctica, aunque las cifras recientes indican que aún queda un largo camino por recorrer para frenar completamente este delito.
En conclusión, el robo de cable en el Estado de México sigue representando un reto de seguridad pública que afecta tanto a instituciones como a comunidades enteras. Mientras el valor del cobre continúe siendo atractivo en el mercado informal, es probable que este delito siga presente. Las autoridades han aumentado esfuerzos de vigilancia y detención, pero la prevención y la denuncia siguen siendo herramientas clave para combatirlo.
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