En el Estado de México, pagar el gimnasio, clases deportivas o academias podría representar próximamente un alivio para el bolsillo de las familias. Una iniciativa legislativa propone que estos gastos se puedan deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el objetivo de fomentar la actividad física y reducir problemas de salud pública asociados al sedentarismo.
El sedentarismo como problema de salud pública
Durante la exposición de motivos, se enfatizó que la inactividad física es uno de los principales factores detrás de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares.
Actualmente, el panorama de salud en la entidad refleja cifras preocupantes: una alta proporción de adultos vive con sobrepeso u obesidad y gran parte de niños y adolescentes no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física diaria. Además, el tiempo prolongado frente a pantallas ha incrementado los niveles de sedentarismo, generando impactos no solo en la salud individual, sino también en la productividad y en el gasto médico.
De acuerdo con la iniciativa, el costo promedio de los gimnasios ronda los 460 pesos mensuales, una cifra que puede convertirse en barrera para muchas familias que desean incorporar el ejercicio como hábito.
¿Cómo funcionaría la deducción del gimnasio?
La propuesta contempla que distintos pagos relacionados con la actividad física puedan ser deducibles del ISR, entre ellos:
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Inscripciones iniciales
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Mensualidades o colegiaturas
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Programas de entrenamiento o acondicionamiento físico
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Servicios en gimnasios, centros deportivos o academias
Para garantizar calidad y transparencia, los servicios tendrían que ser ofrecidos por personas o empresas legalmente constituidas y registradas, además de contar con profesionales acreditados ante autoridades educativas y deportivas. Esto también podría ayudar a reducir la informalidad en el sector fitness.
Una medida pensada para distintos sectores
La iniciativa busca beneficiar a diversos grupos sociales. Entre ellos:
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Estudiantes, que necesitan espacios deportivos fuera del horario escolar.
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Personas adultas mayores, para quienes el ejercicio supervisado es clave en la movilidad y autonomía.
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Familias con recursos limitados, mediante topes y criterios de focalización que eviten que el beneficio se concentre solo en quienes ya tienen acceso a estos servicios.
La propuesta aclara que esta medida no reemplazaría la inversión pública en espacios deportivos gratuitos, sino que funcionaría como un complemento para ampliar las opciones disponibles.
Ejercicio como inversión social
El enfoque de la propuesta parte de una idea central: incentivar hábitos saludables desde la política fiscal. La actividad física, además de mejorar la calidad de vida, puede reducir costos en atención médica a largo plazo y generar beneficios colectivos.
Si la iniciativa avanza en el proceso legislativo, el acceso a gimnasios y entrenamientos podría volverse más accesible para miles de personas en el Estado de México, abriendo un nuevo debate sobre el papel de los incentivos fiscales en la prevención de enfermedades.
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