El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma para establecer protocolos obligatorios de actuación policial durante marchas, manifestaciones y protestas ciudadanas en el Estado de México, con el objetivo de prevenir abusos de autoridad y garantizar el respeto a los derechos humanos.
La propuesta busca establecer reglas claras para la intervención de las corporaciones de seguridad estatal y municipal, especialmente en contextos donde participen manifestantes, periodistas o personas defensoras de derechos humanos.
Contexto: denuncias de abusos durante movilizaciones
La iniciativa surge tras diversos señalamientos difundidos en redes sociales relacionados con presuntas agresiones contra manifestantes y periodistas durante la movilización del 2 de octubre de 2025 en el Estado de México.
Durante esa jornada también se reportaron detenciones consideradas arbitrarias, lo que reavivó el debate sobre la necesidad de establecer lineamientos claros para la actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales.
Ante este escenario, legisladores de Movimiento Ciudadano impulsan una reforma que busca fortalecer la protección de la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
Reformas a leyes de seguridad y derechos humanos
La propuesta legislativa contempla modificaciones a diversas normas estatales, entre ellas:
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La Ley de Seguridad del Estado de México
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La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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La Ley Orgánica Municipal
De acuerdo con la diputada Ruth Salinas, una de las promoventes de la iniciativa, el objetivo es crear lineamientos institucionales que regulen la intervención policial cuando se desarrollen movilizaciones sociales o eventos donde participen representantes de medios de comunicación.
Protocolos obligatorios para policías estatales y municipales
El proyecto plantea que las instituciones policiales del Estado de México elaboren protocolos especializados para atender manifestaciones, marchas y protestas, así como para regular la actuación de los elementos de seguridad en operativos administrativos y de orden público.
Estos lineamientos deberán desarrollarse en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y posteriormente ser aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad.
Una vez avalados, los protocolos serían obligatorios para todas las corporaciones policiales de la entidad.
Entre los puntos clave se incluye:
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Establecer criterios claros sobre el uso de la fuerza
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Garantizar el respeto a la libertad de expresión y manifestación pacífica
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Definir mecanismos de actuación cuando haya presencia de periodistas y observadores de derechos humanos
Capacitación en derechos humanos para policías
Otro eje de la iniciativa es la capacitación permanente en derechos humanos para los cuerpos de seguridad, la cual deberá aplicarse a todos los niveles de la estructura policial.
El programa formativo incluiría temas como:
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Perspectiva de género
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Enfoque diferencial e interseccional
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Derechos relacionados con la libertad de expresión
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Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta
Esta capacitación abarcaría tanto a policías operativos como a mandos medios y superiores, con el fin de fortalecer la actuación institucional durante operativos y movilizaciones sociales.
Mayor participación de la Comisión de Derechos Humanos
La iniciativa también propone ampliar las facultades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que tendría un papel activo en:
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La elaboración de los protocolos de actuación policial
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La capacitación de los elementos de seguridad
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La evaluación periódica de la aplicación de los lineamientos
Además, los protocolos deberán contemplar medidas específicas de protección para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad que participen o documenten manifestaciones.
Responsabilidades para los municipios
En el ámbito municipal, la reforma obligaría a los ayuntamientos del Estado de México a garantizar la formación constante de sus policías y supervisar que su actuación se ajuste estrictamente a los protocolos que se emitan.
Esto implicaría reforzar los mecanismos de control interno y vigilancia para asegurar que las corporaciones municipales respeten los derechos humanos durante operativos y protestas ciudadanas.
Plazos para implementar los nuevos lineamientos
En caso de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso mexiquense, se establecerían plazos específicos para su implementación:
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Hasta 180 días para la elaboración y aprobación de los protocolos de actuación policial.
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60 días para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emita los lineamientos de coordinación con las autoridades de seguridad.
La legisladora señaló que la reforma busca que el Estado de México cuente con reglas claras que orienten la actuación de las fuerzas de seguridad, reduzcan posibles abusos y fortalezcan las garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Hacia una regulación de la actuación policial en protestas
Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca impulsar un marco normativo que permita equilibrar las labores de seguridad pública con la protección de las libertades civiles, particularmente en contextos de movilización social.
De avanzar la propuesta en el proceso legislativo, el Estado de México podría contar con protocolos institucionales específicos para la actuación policial durante manifestaciones, una medida que especialistas consideran clave para prevenir conflictos, proteger a la prensa y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
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