La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantendrá abierta la consulta hasta el 21 de agosto para recibir propuestas de ciudadanos, concesionarios, universidades y organizaciones civiles sobre los nuevos lineamientos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio de una consulta pública para definir los lineamientos que regularán la protección de los derechos de las audiencias en México, como parte de la implementación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El proceso, coordinado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca recopilar opiniones y propuestas tanto del sector de telecomunicaciones como de la ciudadanía, con el objetivo de construir reglas que garanticen una mayor protección a quienes consumen contenidos en radio y televisión.
Consulta estará abierta hasta el 21 de agosto
La consulta pública comenzó el 27 de julio y permanecerá disponible hasta el 21 de agosto mediante el portal habilitado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
En este ejercicio podrán participar:
- Ciudadanía en general.
- Empresas concesionarias de radio y televisión.
- Instituciones académicas.
- Organizaciones de la sociedad civil.
- Proyectos de radio comunitaria.
El propósito es recibir observaciones y sugerencias antes de emitir la versión definitiva de los lineamientos.
Sheinbaum rechaza que las nuevas reglas representen censura
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que los lineamientos no buscan limitar la libertad de expresión ni imponer mecanismos de censura.
Explicó que la intención es establecer herramientas de autorregulación para los medios de comunicación y fortalecer el derecho de las personas a recibir información confiable.
La presidenta sostuvo que el acceso a información veraz forma parte de los derechos constitucionales de la población y reiteró que el proceso se construirá con la participación de diversos sectores.
¿Qué buscan proteger los nuevos lineamientos?
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el proyecto pretende dar mayor claridad sobre los derechos de las audiencias contemplados en la legislación vigente y evitar interpretaciones ambiguas durante su aplicación.
Entre las principales obligaciones que se plantean para los concesionarios destacan:
- Diferenciar claramente la información noticiosa de las opiniones.
- Separar el contenido editorial de la publicidad.
- Garantizar el derecho de réplica.
- Fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.
- Contar con un Código de Ética.
- Designar una persona defensora de las audiencias.
En el caso de los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, la propuesta establece que la defensoría de las audiencias sea ejercida por integrantes de la propia comunidad.
También habrá mecanismos para atender quejas
El proyecto contempla un procedimiento para que las audiencias presenten inconformidades cuando consideren vulnerados sus derechos.
Las defensorías analizarán cada caso y emitirán recomendaciones cuando detecten posibles irregularidades. Si las observaciones no son atendidas o la persona afectada considera insuficiente la respuesta, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir conforme a las atribuciones que le otorga la ley e imponer las sanciones correspondientes cuando proceda.
Participación ciudadana será clave
El Gobierno federal destacó que la consulta pública permitirá incorporar opiniones de distintos sectores antes de definir las reglas que regirán la protección de los derechos de las audiencias en México.
Con este proceso, las autoridades buscan fortalecer la transparencia, la responsabilidad editorial y los mecanismos de defensa para quienes consumen contenidos en radio y televisión, al tiempo que se mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a una información clara y verificable.
¿Quién decide qué vemos, escuchamos o creemos cada día? La respuesta parece sencilla: nosotros. Sin embargo, detrás de cada noticia, programa o contenido existe una enorme responsabilidad. La libertad de expresión es indispensable en una democracia, pero también lo es el derecho de las personas a recibir información clara, diferenciando los hechos de las opiniones y la publicidad.
La consulta anunciada abre una pregunta que vale la pena hacernos como sociedad: ¿queremos medios con reglas que protejan a las audiencias o tememos que cualquier regulación pueda convertirse en un límite para la libertad? Encontrar ese equilibrio no será tarea fácil.
Al final, más allá de gobiernos, empresas o instituciones, la mejor defensa sigue siendo una ciudadanía crítica, capaz de cuestionar, verificar y no aceptar como verdad absoluta todo lo que aparece en una pantalla. Porque una audiencia informada no solo consume información: también exige calidad, transparencia y respeto.
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