Integrantes del Colectivo Tenancingo acudieron a la Legislatura mexiquense para solicitar que se revise la permanencia de la alcaldesa mientras enfrenta un proceso penal por presunta simulación de secuestro.
La inconformidad contra el gobierno municipal de Tenancingo llegó hasta el Congreso del Estado de México. Integrantes del Colectivo Tenancingo solicitaron a los diputados mexiquenses intervenir para revisar la permanencia de la presidenta municipal Nancy N., quien enfrenta un proceso penal por el delito de presunta simulación de secuestro.
De acuerdo con los manifestantes, la petición no busca únicamente cuestionar la situación jurídica de la alcaldesa, sino también abrir una revisión sobre el manejo de los recursos públicos y las condiciones en las que se encuentra actualmente la administración municipal.
Colectivo Tenancingo pide intervención del Congreso
Alrededor de 35 integrantes del colectivo acudieron a la sede del Poder Legislativo mexiquense para entregar una solicitud formal.
La movilización ocurrió después de que representantes de la organización acudieran también a Palacio Nacional para solicitar la intervención de autoridades federales.
Javier Calzada, representante del colectivo, explicó que una de las principales demandas consiste en que la alcaldesa enfrente el proceso penal fuera del cargo, al considerar que su permanencia genera inconformidad entre una parte de la población.
Los inconformes también solicitaron que se realice una investigación amplia sobre el funcionamiento del Ayuntamiento, particularmente respecto al ejercicio del presupuesto municipal y los costos de las obras realizadas durante la actual administración.
Entre sus planteamientos se encuentra además la petición de revisar la posible existencia de tráfico de influencias, aunque estos señalamientos corresponden a denuncias de los manifestantes y no constituyen por sí mismos hechos acreditados judicialmente.
Piden que asuma la suplente si Nancy Nápoles deja el cargo
Otro de los puntos planteados ante los legisladores fue que, en caso de que proceda la separación de la alcaldesa, se permita asumir el gobierno municipal a la suplente electa de la misma planilla, conforme a los procedimientos que correspondan.
El colectivo sostiene que la situación actual ha afectado la confianza de parte de la ciudadanía en las autoridades municipales y considera necesario que el Congreso analice jurídicamente el escenario.
La petición tendrá que ser revisada por las instancias legislativas competentes, por lo que la manifestación no implica, por sí misma, una separación inmediata de la presidenta municipal.
¿Por qué enfrenta un proceso penal Nancy N.?
El caso se remonta al 31 de mayo, cuando Nancy N. denunció haber sido víctima de un secuestro y señaló que sus supuestos captores exigían alrededor de 40 millones de pesos.
Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desarrolló una investigación en torno a los hechos y concluyó que el secuestro habría sido simulado.
El 9 de julio, Nancy N. fue vinculada a proceso por el delito de simulación de secuestro.
Durante la audiencia judicial se determinó una suspensión condicional del proceso por seis meses, acompañada de diversas condiciones que deberá cumplir mientras continúa este procedimiento.
Entre las medidas señaladas se encuentran permanecer en el domicilio registrado, realizar servicio social, someterse a vigilancia y acudir periódicamente a firmar.
La alcaldesa continúa al frente del Ayuntamiento
Un elemento importante del caso es que el juez no ordenó prisión preventiva ni estableció una prohibición para que Nancy N. continuara ejerciendo el cargo de presidenta municipal.
Por ello, hasta el momento, la alcaldesa permanece al frente del Ayuntamiento de Tenancingo.
Nancy N. ha rechazado las acusaciones en su contra y mantiene la versión de que efectivamente fue víctima de un secuestro. También ha negado que exista un desfalco dentro del gobierno municipal y ha señalado que el proceso en su contra estaría relacionado con intereses políticos.
De esta manera, mientras el procedimiento penal continúa, también crece la presión política y social para que las autoridades revisen la situación de la administración municipal.
Un conflicto que ahora se traslada al Congreso
La movilización de los vecinos coloca al Congreso del Estado de México ante una petición que combina elementos políticos, administrativos y jurídicos.
Por un lado, existe un proceso penal que deberá desarrollarse bajo las reglas correspondientes y respetando la presunción de inocencia. Por otro, un sector de habitantes exige que se revise si la alcaldesa debe continuar ejerciendo sus funciones mientras enfrenta dicho procedimiento.
La diferencia entre ambos escenarios es fundamental: estar vinculada a proceso no equivale a tener una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal deberá determinarse conforme al procedimiento judicial.
Al mismo tiempo, las denuncias ciudadanas sobre el manejo de recursos públicos, obras y presuntas irregularidades pueden ser investigadas por las autoridades competentes si existen elementos para ello.
Tenancingo, entre la exigencia ciudadana y el proceso judicial
El conflicto que atraviesa Tenancingo muestra cómo un caso judicial puede convertirse también en un problema de gobernabilidad cuando una parte de la población pierde confianza en sus autoridades.
Ahora la atención estará puesta en lo que determine el Congreso mexiquense y en la evolución del proceso penal que enfrenta Nancy N.
La pregunta que queda sobre la mesa no es solamente si la alcaldesa debe continuar o dejar el cargo. También obliga a cuestionar cómo pueden las instituciones garantizar simultáneamente el debido proceso, la presunción de inocencia, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el derecho de los ciudadanos a exigir cuentas a sus gobernantes.
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