¿por qué las responsabilidades no llegan al proveedor?
El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, ha estado relacionado durante más de una década con contratos públicos, auditorías, investigaciones y disputas legales. En varios expedientes hubo funcionarios sancionados o investigados, mientras que las consecuencias para el empresario no aparecen con la misma claridad.
Metepec, Estado de México.— Hay historias políticas que no se explican por un solo expediente, sino por la acumulación de documentos, contratos, auditorías, investigaciones y litigios que, con el paso de los años, parecen formar un mismo patrón.
El caso de Fernando Flores Fernández, actual presidente municipal de Metepec, puede analizarse desde esa perspectiva.
No porque exista una sentencia firme que lo declare responsable de corrupción, fraude, lavado de dinero o desvío de recursos —no existe tal resolución—, sino porque alrededor de su trayectoria empresarial y política aparecen contratos millonarios, observaciones de fiscalización, funcionarios sancionados, investigaciones que no han tenido un desenlace público claro y, más recientemente, un proceso judicial relacionado con el conflicto del Club Deportivo La Asunción.
La pregunta que queda sobre la mesa no es necesariamente si todos esos expedientes están jurídicamente conectados. No lo están.
La cuestión es otra: ¿por qué en distintos episodios las autoridades han alcanzado a servidores públicos relacionados con determinadas operaciones, pero no existe una consecuencia pública equivalente para el proveedor?
CIFO Technologies: el origen de una trayectoria empresarial
Una parte importante de la historia empresarial de Flores está relacionada con CIFO Technologies S.A. de C.V., compañía que participó en contratos con distintas administraciones públicas.
La empresa se presentó principalmente como prestadora de servicios tecnológicos, aunque sus actividades contractuales abarcaron un abanico considerable: digitalización de documentos, bases de datos, sistemas de cobro para transporte, mantenimiento de equipos, logística sanitaria, limpieza y servicios auxiliares.
La amplitud de los servicios no constituye por sí misma una irregularidad.
Sin embargo, algunos de los contratos adquieren relevancia cuando se revisan junto con las observaciones posteriores de órganos fiscalizadores o investigaciones contra funcionarios que participaron en su autorización.
Y aquí aparece uno de los principales problemas para cualquier ciudadano que intenta seguir el dinero público: ¿cómo comprobar años después que una plataforma funcionó exactamente como se contrató, que millones de documentos fueron digitalizados o que un sistema tecnológico entregó los resultados prometidos?
A diferencia de una carretera o un edificio, muchos servicios tecnológicos desaparecen físicamente cuando termina el contrato. Su comprobación depende de archivos, servidores, licencias, códigos, respaldos, actas de entrega y documentación técnica.
Campeche: más de 21 millones para digitalizar documentos
En 2016, CIFO consiguió en Campeche un contrato por 21 millones 868 mil 204 pesos para realizar trabajos relacionados con el inventario y digitalización del acervo histórico estatal.
La compañía tuvo personal operando en la entidad y existen testimonios de trabajadores que describieron actividades relacionadas con la revisión y captura de información contenida en documentos históricos.
El problema está en otro punto: no se encuentra disponible públicamente toda la documentación necesaria para evaluar de manera integral el resultado del proyecto.
¿Cuántos libros fueron procesados? ¿Qué cantidad de archivos fue entregada? ¿En qué medios se almacenó la información? ¿Qué actas acreditaron la recepción de los trabajos?
Sin esos documentos resulta difícil establecer públicamente si el servicio se cumplió en su totalidad.
Pero también sería incorrecto afirmar que el contrato fue incumplido sin una resolución que así lo determine.
Querétaro: dos contratos y una observación de fiscalización
En Querétaro aparece uno de los expedientes que genera mayores interrogantes.
En 2017, el gobierno estatal contrató a CIFO por 57 millones 989 mil 874 pesos para trabajos relacionados con padrones, información sobre hogares, diagnósticos y herramientas informáticas.
Al año siguiente se firmó otro convenio con la misma empresa por 20 millones 606 mil 664 pesos.
La Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro observó que el segundo contrato contemplaba servicios que ya estaban incluidos en el primero. Además, los trabajos tenían como referencia prácticamente el mismo universo territorial.
Los dos contratos representaron en conjunto 78 millones 596 mil 538 pesos.
La observación resulta relevante porque involucra principios relacionados con el uso eficiente y responsable del dinero público.
Pero una observación de auditoría tampoco equivale automáticamente a una sentencia por corrupción.
La pregunta pendiente es qué ocurrió después: ¿hubo devolución de recursos?, ¿se determinó una responsabilidad para el proveedor?, ¿se corrigió el procedimiento?, ¿hubo una denuncia penal o administrativa?
La ausencia de una explicación pública suficientemente clara deja un vacío que difícilmente puede llenar el discurso político.
Oaxaca: el contrato de 190 millones de pesos
Oaxaca representa uno de los capítulos más importantes de la trayectoria contractual de CIFO.
Durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, la empresa obtuvo en 2018 un contrato por 190 millones 679 mil 787 pesos para modernizar el Registro Civil.
El proyecto contemplaba, entre otros componentes, la instalación de aproximadamente 150 quioscos y la digitalización de más de 8.3 millones de actas.
El contrato concluyó en 2022.
Con el cambio de administración, funcionarios del Registro Civil señalaron públicamente que existían problemas en la entrega-recepción y dificultades para localizar información necesaria para comprobar los trabajos realizados.
También fueron reportados equipos obsoletos y quioscos instalados en sitios con problemas de conectividad.
La administración entrante habló de posibles anomalías y anunció que analizaría acciones legales.
Pero una pregunta fundamental permanece: ¿cuál fue finalmente el desenlace jurídico y administrativo del contrato?
No basta con anunciar una investigación. Para que exista rendición de cuentas debe conocerse si hubo denuncia, sanción, recuperación de recursos, cumplimiento contractual o, en su caso, una conclusión que descarte responsabilidades.
Una licitación de 27.7 millones que también genera preguntas
En 2019, CIFO obtuvo otro contrato en Oaxaca, esta vez por 27 millones 725 mil 247 pesos, relacionado con la digitalización e indexación de información jurídica.
El dato que llama la atención es la diferencia entre las propuestas económicas.
Mientras CIFO presentó una oferta de aproximadamente 27.7 millones de pesos, otras empresas presentaron propuestas considerablemente menores.
Una de ellas rondaba los 21 millones y otra poco más de 3 millones de pesos.
Las propuestas más económicas fueron descalificadas por cuestiones técnicas.
Eso puede ocurrir legalmente en una licitación: el gobierno no necesariamente tiene que escoger la oferta más barata si ésta no cumple con las especificaciones establecidas.
Pero la transparencia exige una segunda pregunta: ¿eran razonables los requisitos técnicos?, ¿se aplicaron de la misma manera a todos los participantes?, ¿el precio finalmente contratado correspondía al valor de mercado?
Sin una auditoría técnica que permita responder esas preguntas, no sería responsable afirmar que existió una adjudicación ilegal.
Pero tampoco sería razonable cerrar el debate simplemente porque hubo un procedimiento administrativo.
Citybus: funcionarios castigados y un proveedor sin sanción pública conocida
Uno de los episodios más delicados aparece nuevamente en Oaxaca.
En 2020, funcionarios de la Secretaría de Movilidad participaron en la contratación de CIFO por 106 millones 828 mil 349 pesos para un sistema de recaudo relacionado con Citybus.
Años después, un expediente administrativo determinó responsabilidades contra tres servidores públicos.
Las sanciones fueron severas: inhabilitaciones de 10, 15 y 20 años, además de responsabilidades económicas superiores a 53.4 millones de pesos.
La resolución estableció que los funcionarios no tenían las facultades necesarias para contratar en nombre del sistema y que sus actuaciones terminaron beneficiando a CIFO.
Aquí aparece uno de los puntos centrales de esta historia.
Los funcionarios fueron sancionados. ¿Qué ocurrió con la empresa que recibió el contrato?
Con la información disponible, no aparece una inhabilitación equivalente para CIFO ni una resolución conocida que obligue a Fernando Flores a devolver recursos derivados de ese procedimiento.
Eso no significa que jurídicamente se haya demostrado que Flores cometió un delito.
Significa que existe una diferencia que merece ser explicada: si una operación fue considerada irregular y produjo beneficios para un proveedor, ¿por qué las consecuencias conocidas recayeron principalmente sobre quienes autorizaron el contrato?
Otro contrato para Citybus
La historia no terminó ahí.
En 2021, CIFO obtuvo otro contrato relacionado con Citybus, esta vez por 33 millones 582 mil pesos, para desarrollar una plataforma tecnológica de administración del recaudo.
Posteriormente, el entonces director administrativo de la Secretaría de Movilidad, Óscar Guillermo Guzmán Saavedra, fue detenido en 2023 por una investigación relacionada con presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
La existencia de dos contratos consecutivos obliga a revisar sus anexos técnicos.
¿El segundo servicio era complementario al primero? ¿Sustituyó una plataforma anterior? ¿Se trataba de componentes diferentes?
Sin comparar los contratos, entregables y especificaciones técnicas no es posible concluir que hubo un doble pago por el mismo servicio.
Lo que sí puede comprobarse es que ambas operaciones terminaron rodeadas de investigaciones y cuestionamientos.
La UIF y tres expedientes cuyo desenlace no quedó claro
En 2021 también surgió públicamente otra arista.
Durante una conferencia presidencial se mencionaron tres expedientes que presuntamente estaban relacionados con Flores y CIFO ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los números citados fueron 1601290, 1923132 y 2010511, correspondientes a distintos años.
Sin embargo, es indispensable hacer una precisión: la existencia de un expediente de inteligencia financiera no demuestra por sí misma la comisión de un delito.
Tampoco se informó públicamente, con suficiente claridad, cuál fue la conclusión de esas investigaciones.
¿Se encontraron operaciones irregulares? ¿Hubo denuncias? ¿Se bloquearon cuentas? ¿Se archivaron los expedientes? ¿Se descartaron los señalamientos?
Sin una resolución pública, ninguna de esas posibilidades puede darse por cierta.
El problema es que cinco años después, la falta de información alimenta las dudas en lugar de resolverlas.
De empresario a alcalde de Metepec
La trayectoria de Flores adquirió otra dimensión cuando dejó de ser únicamente proveedor para convertirse en actor político.
En 2021 fue candidato a la presidencia municipal de Metepec y posteriormente consiguió la reelección.
Ese cambio modifica radicalmente la posición de poder.
Como empresario, Flores dependía de decisiones tomadas por funcionarios públicos para obtener contratos.
Como presidente municipal, forma parte de la estructura que administra recursos, toma decisiones administrativas y dirige instituciones municipales.
Por eso los cuestionamientos relacionados con su pasado empresarial adquieren una dimensión distinta cuando llegan al terreno político.
La Asunción: el expediente que ahora sí toca directamente al alcalde
El conflicto del Club Deportivo La Asunción es diferente a los contratos anteriores.
Aquí no se trata de una observación administrativa sobre una empresa tecnológica ni de un procedimiento relacionado con una dependencia estatal.
Se trata de un litigio privado que terminó involucrando directamente al presidente municipal de Metepec.
El conflicto entre grupos de accionistas lleva años y gira alrededor de la administración del club, cuotas, derechos corporativos y la validez de determinadas decisiones tomadas por la sociedad.
Un grupo de socios sostiene que hubo irregularidades en la forma en que se manejaron acciones y asambleas. La administración del club mantiene una versión distinta y argumenta que existen adeudos y razones para restringir el acceso de algunos integrantes.
Mientras tanto, el litigio mercantil continúa.
El incidente que cambió el escenario
El 4 de junio de 2026, Fernando Flores acudió al Club Deportivo La Asunción acompañado por elementos de seguridad municipal.
Videos difundidos posteriormente mostraron momentos de tensión, forcejeos y agresiones en el interior del inmueble.
Flores sostuvo que acudió después de recibir un llamado de auxilio y que buscaba evitar que el conflicto escalara.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación y el alcalde enfrentó acusaciones relacionadas con lesiones y abuso de autoridad.
El delito de lesiones fue posteriormente abordado mediante un acuerdo reparatorio, mientras que el procedimiento por abuso de autoridad continuó.
En julio, un juez vinculó a Flores a proceso por su probable participación en ese delito y estableció medidas cautelares.
Pero aquí también debe hacerse una distinción fundamental:
estar vinculado a proceso no significa ser culpable.
La Fiscalía todavía tiene que acreditar su acusación y la defensa tiene derecho a controvertir las pruebas.
¿Se repetirá la historia?
La comparación entre todos estos expedientes debe hacerse con cuidado.
Una auditoría no es una sentencia.
Una investigación financiera no es una acusación penal.
Una demanda mercantil no acredita un delito.
Una vinculación a proceso no significa culpabilidad.
Y que una empresa haya obtenido numerosos contratos públicos tampoco demuestra, por sí mismo, corrupción.
Pero cuando durante años aparecen contratos millonarios, observaciones, investigaciones contra funcionarios, procedimientos administrativos y disputas que dejan preguntas sin respuesta, existe un legítimo interés público en saber qué ocurrió con el dinero y quién asumió las consecuencias.
El caso de La Asunción podría marcar una diferencia.
Por primera vez, uno de los expedientes más visibles relacionados con Fernando Flores no está centrado únicamente en una empresa proveedora o en decisiones de funcionarios de otras administraciones. La investigación apunta directamente al actual alcalde de Metepec.
El desenlace dependerá de las pruebas que presente la Fiscalía y de los argumentos de la defensa.
El verdadero problema: cuando los expedientes no llegan al final
La historia de CIFO y Fernando Flores deja una pregunta que va más allá de un nombre o de un partido político.
Cuando una auditoría detecta irregularidades, ¿quién debe responder: únicamente el funcionario que firma o también quien recibe el dinero cuando se acredita que el servicio fue irregular?
Y cuando una investigación es anunciada públicamente, ¿cuánto tiempo debe pasar antes de que las autoridades expliquen qué encontraron?
La rendición de cuentas no consiste solamente en señalar a un funcionario.
Tampoco consiste en acusar a un empresario sin sentencia.
Consiste en abrir los expedientes, explicar los contratos, demostrar los entregables, transparentar los pagos y, cuando corresponda, sancionar a todos los responsables.
Fernando Flores tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse en cada procedimiento.
Pero los ciudadanos también tienen derecho a preguntar.
Y quizá esa sea la pregunta más incómoda de todas:
¿Cuántas investigaciones y contratos cuestionados tienen que acumularse antes de que una autoridad explique públicamente dónde terminó cada peso y quién fue finalmente responsable?
Porque en una democracia, el verdadero problema no es que existan expedientes.
El problema comienza cuando los expedientes nunca llegan a una respuesta.
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