La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar formalmente que el Gobierno federal atraiga la investigación por el homicidio de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez; acusa falta de confianza en las indagatorias de Michoacán.
La investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde independiente de Uruapan, vuelve a colocarse en el centro del debate político y de seguridad en Michoacán.
A más de 10 meses del homicidio, Grecia Quiroz García, viuda del exedil y actual presidenta municipal de Uruapan, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para solicitar formalmente que el organismo federal atraiga el caso.
La alcaldesa argumentó que existe una falta de confianza en las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Michoacán y sostuvo que la posible intervención del crimen organizado amerita, desde su perspectiva, que las indagatorias sean asumidas por autoridades federales.
Su petición también tiene un componente político: Quiroz García aseguró que busca evitar que la investigación sea utilizada con fines partidistas o políticos.
Grecia Quiroz se declara víctima indirecta
La solicitud fue presentada por la alcaldesa en su calidad de víctima indirecta del homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
En el documento entregado ante la FGR, Quiroz García expuso sus cuestionamientos respecto al rumbo que ha tomado la investigación y reclamó que, después de varios meses, aún no existan respuestas que le permitan conocer plenamente qué ocurrió con su esposo y quiénes estuvieron detrás del crimen.
La presidenta municipal sostuvo que Carlos Manzo había recibido amenazas y que su postura frente a la corrupción y la delincuencia organizada pudo haber generado conflictos con distintos grupos de poder.
Estos señalamientos forman parte de la postura expresada por la viuda y deberán contrastarse con los resultados que arrojen las investigaciones ministeriales.
Gobierno federal señala al CJNG
El homicidio de Carlos Manzo también ha sido relacionado por las autoridades federales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con las investigaciones referidas por el Gobierno federal, integrantes de dicha organización criminal estarían relacionados con el asesinato.
Sin embargo, la solicitud de Grecia Quiroz plantea precisamente la necesidad de profundizar en la investigación y esclarecer no sólo quién ejecutó materialmente el crimen, sino quién pudo ordenar, financiar o facilitar el homicidio y cuáles fueron las circunstancias que lo hicieron posible.
Ahí se encuentra una de las interrogantes más relevantes del caso.
Porque identificar a quienes participaron directamente en un asesinato no necesariamente significa haber llegado al fondo de una estructura criminal.
“Tenemos más dudas”: Grecia Quiroz
La alcaldesa cuestionó que, después del tiempo transcurrido desde el asesinato, las respuestas obtenidas no sean suficientes para cerrar las principales interrogantes.
En su petición ante la FGR, expresó su preocupación porque quienes pudieran resultar beneficiados con la muerte de su esposo sean, al mismo tiempo, quienes tengan alguna responsabilidad en las investigaciones.
Quiroz García también acusó que las indagatorias locales han estado condicionadas por intereses y presiones, aunque estas afirmaciones corresponden a su postura y deberán ser acreditadas mediante elementos objetivos dentro del proceso.
La petición de atracción representa, por tanto, un nuevo capítulo en un caso que desde el inicio ha tenido una fuerte dimensión política y social en Uruapan.
¿Qué significa que la FGR atraiga el caso?
La solicitud de Grecia Quiroz no significa que la FGR ya haya asumido la investigación.
Ahora corresponde a la autoridad federal analizar si existen elementos jurídicos para ejercer la facultad de atracción y determinar si el Ministerio Público Federal debe hacerse cargo de las indagatorias.
De concretarse, la investigación pasaría a tener un peso institucional distinto, particularmente por las posibles conexiones con delincuencia organizada que han sido señaladas.
También podría permitir ampliar las líneas de investigación y revisar las actuaciones realizadas previamente por las autoridades estatales.
Pero existe una pregunta inevitable: ¿cambiar de fiscalía será suficiente para conocer la verdad sobre el asesinato de Carlos Manzo?
Un crimen que mantiene preguntas abiertas
Carlos Manzo llegó a la presidencia municipal de Uruapan como candidato independiente, una característica que marcó su carrera política y que sus simpatizantes han utilizado para destacar su distancia respecto de los partidos tradicionales.
Su administración estuvo acompañada de un discurso frontal contra la corrupción y la inseguridad.
Después de su asesinato, Grecia Quiroz asumió la responsabilidad política de encabezar el municipio y, ahora, también ha decidido llevar sus cuestionamientos al ámbito federal.
Su solicitud pone nuevamente sobre la mesa un problema que va mucho más allá de una disputa entre instituciones: la confianza de las víctimas en las autoridades encargadas de investigar los delitos.
Si una víctima indirecta considera que no puede confiar en la fiscalía que lleva un caso, el problema deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte también en un asunto de legitimidad institucional.
La sociedad tiene derecho a exigir resultados, pero también a conocer con claridad qué está probado, qué permanece como hipótesis y qué líneas de investigación siguen abiertas.
La pregunta de fondo
El asesinato de Carlos Manzo ocurrió hace más de 10 meses y todavía existen interrogantes sobre el alcance de la estructura criminal involucrada y las circunstancias que rodearon el crimen.
La petición de Grecia Quiroz podría abrir una nueva etapa en la investigación si la FGR decide ejercer su facultad de atracción.
Pero el verdadero reto será otro: que la investigación llegue hasta los autores intelectuales y no se quede únicamente en quienes presuntamente ejecutaron el crimen.
¿Quién ordenó el asesinato de Carlos Manzo? ¿Por qué fue posible que ocurriera? ¿Existieron omisiones o complicidades que facilitaron el ataque?
Y quizá la pregunta más incómoda: si una alcaldesa y viuda de la víctima asegura que no confía en la investigación local, ¿qué tendría que ocurrir para que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones encargadas de procurar justicia?El caso permanece abierto y será la evidencia, no las acusaciones políticas, la que deberá determinar qué ocurrió realmente.
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