Casos documentados muestran cómo las investigaciones sobre dinero del crimen organizado también han alcanzado instituciones educativas privadas
Ciudad de México.- Mientras las autoridades de Estados Unidos mantienen una ofensiva financiera contra organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico, algunos casos han revelado un aspecto menos visible de estas redes: el acceso de familiares de presuntos integrantes del crimen organizado a instituciones educativas privadas en territorio estadounidense.
Uno de los casos que ha llamado la atención involucra a IMG Academy, una institución deportiva privada ubicada en Florida, donde autoridades estadounidenses identificaron pagos de colegiaturas relacionados con personas sujetas a sanciones por narcotráfico.
El episodio evidencia un problema que va más allá de la persecución de los líderes criminales: rastrear cómo los recursos vinculados con organizaciones ilícitas pueden terminar financiando bienes y servicios dentro de la economía formal estadounidense.
El caso de IMG Academy
De acuerdo con la información proporcionada para este caso, entre 2018 y 2023 dos hijos de integrantes de Los Cuinis, organización vinculada por autoridades estadounidenses con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asistieron a IMG Academy.
Los pagos de las colegiaturas habrían involucrado transferencias realizadas desde cuentas de terceros, principalmente relacionadas con México.
El caso terminó bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses debido a las restricciones financieras impuestas contra determinadas personas y organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha documentado durante años la relación entre CJNG y Los Cuinis, además de haber sancionado a individuos y empresas que, según las investigaciones estadounidenses, formaban parte de sus redes financieras.
Cuando el dinero ilícito llega a instituciones legales
El interés de las autoridades no se limita al tráfico de drogas. Una parte importante de las investigaciones financieras estadounidenses busca identificar cómo las ganancias obtenidas ilegalmente son incorporadas a negocios y actividades aparentemente legítimas.
El propio Tesoro estadounidense ha señalado que diversas empresas relacionadas con Los Cuinis fueron utilizadas para intentar integrar recursos ilícitos a la economía formal, incluyendo compañías inmobiliarias, restaurantes, negocios agrícolas y otros establecimientos.
En ese contexto, el pago de servicios educativos con recursos provenientes de personas sancionadas puede convertirse en un problema de cumplimiento financiero para las instituciones que reciben esos fondos.
Los apellidos vinculados al narcotráfico no implican automáticamente una prohibición
Uno de los aspectos más relevantes del fenómeno es que ser familiar de una persona vinculada con el narcotráfico no significa, por sí mismo, estar impedido de estudiar en Estados Unidos.
Las restricciones financieras estadounidenses se enfocan en personas y entidades específicamente sancionadas, así como en determinadas operaciones que involucren bienes o recursos sujetos a las disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Por ello, la situación jurídica de cada estudiante depende de las circunstancias particulares del caso y del origen de los recursos utilizados para pagar sus estudios.
Otros familiares de líderes criminales han pasado por instituciones estadounidenses
El fenómeno tampoco se limita al caso de Los Cuinis.
A lo largo de las últimas décadas han trascendido los casos de familiares de conocidos líderes del narcotráfico mexicano que cursaron estudios en Estados Unidos.
Entre ellos se encuentra Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del CJNG. Su caso posteriormente llegó a los tribunales estadounidenses por operaciones relacionadas con empresas sujetas a sanciones.
El Departamento del Tesoro ha mantenido durante años acciones contra el CJNG y su red asociada, incluyendo a integrantes de Los Cuinis y empresas señaladas como parte de estructuras destinadas a ocultar o movilizar recursos.
También existen antecedentes de familiares de otros líderes criminales mexicanos que cursaron estudios en instituciones estadounidenses, aunque cada caso debe analizarse individualmente y sin asumir responsabilidad penal por el simple vínculo familiar.
El desafío para las escuelas privadas
Estos casos plantean preguntas sobre los controles que deben implementar las instituciones educativas privadas cuando reciben pagos de cantidades elevadas provenientes de terceros.
Para una escuela, universidad o academia deportiva, el problema no necesariamente está relacionado con quién sea el padre o familiar del estudiante, sino con quién realiza el pago, de dónde provienen los recursos y si alguna de las personas o empresas involucradas está sujeta a sanciones estadounidenses.
La legislación financiera de Estados Unidos contempla fuertes restricciones para las personas y empresas que realizan operaciones con individuos o entidades sancionadas.
El Tesoro ha advertido que las personas y compañías incluidas en determinadas listas de sanciones pueden tener sus activos bloqueados dentro de la jurisdicción estadounidense y que, en general, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas.
Del lujo educativo a la investigación financiera
El paso por escuelas privadas de alto costo puede parecer, a primera vista, un asunto estrictamente educativo. Sin embargo, cuando las colegiaturas son cubiertas mediante estructuras financieras relacionadas con personas sancionadas, la operación puede convertirse en una pista para las investigaciones sobre lavado de dinero.
El caso de IMG Academy muestra precisamente cómo una institución dedicada al deporte y la formación académica puede terminar involucrada en una investigación financiera de alcance internacional.
Más que el apellido de los estudiantes, el elemento central para las autoridades es seguir la ruta del dinero.
El dinero del narcotráfico busca espacios en la economía formal
Las investigaciones estadounidenses contra CJNG y Los Cuinis han mostrado que las redes del crimen organizado no se limitan al tráfico de drogas. También pueden intentar utilizar empresas, propiedades y distintos servicios para introducir recursos ilícitos en actividades económicas aparentemente legales.
El Departamento del Tesoro ha señalado en diferentes acciones que empresas vinculadas con estas organizaciones habrían servido para facilitar actividades financieras y el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico.
Por ello, el seguimiento de colegiaturas, propiedades, viajes, negocios y otras operaciones financieras puede convertirse en una herramienta para reconstruir las rutas utilizadas por estas organizaciones.
Un fenómeno que pone el foco en las finanzas
Los casos de familiares de narcotraficantes que han estudiado en Estados Unidos no significan que las instituciones educativas sean parte de las organizaciones criminales.
Lo que muestran las investigaciones es un desafío mucho más amplio: evitar que recursos provenientes de actividades ilícitas puedan utilizarse dentro de sectores legítimos de la economía.
En ese escenario, las autoridades estadounidenses mantienen la presión sobre las redes financieras del narcotráfico, mientras instituciones privadas deben fortalecer sus mecanismos para identificar operaciones que puedan involucrar recursos sujetos a sanciones.
La educación de los hijos de líderes criminales puede parecer alejada de las actividades delictivas de sus familiares. Sin embargo, cuando detrás de una colegiatura aparecen transferencias, terceros y personas sancionadas, la operación puede convertirse en una pieza más dentro del complejo mapa financiero que las autoridades buscan desmantelar.
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