La carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción describe una disputa familiar que escaló hasta la presunta entrada de hombres armados. La sobrina del alcalde de Metepec lo señala por abrirse paso mediante la fuerza; la Fiscalía documentó lesiones y emitió medidas de protección.
Metepec, Estado de México.— La disputa familiar que ocurrió el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción derivó en una investigación penal que involucra al presidente municipal de Metepec, Fernando Gustavo Flores Fernández, y a otros integrantes de su entorno familiar.
De acuerdo con la declaración ministerial de Paola Lucero Flores Huerta, gerente del club y sobrina del alcalde, el edil habría llegado al inmueble acompañado de Ricardo Flores Ochoa y un grupo de hombres que portaban armas largas. Cuando ella intentó impedirles el acceso, asegura que su tío respondió: “Sí puedo, soy la autoridad”.
La frase forma parte del testimonio integrado en la carpeta de investigación TOL/CGT/VIP/057/151594/26/06, iniciada por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
Es importante precisar que las declaraciones de las personas involucradas, los dictámenes periciales y las medidas cautelares forman parte de una investigación abierta. La vinculación a proceso de Fernando Flores no equivale a una sentencia condenatoria.
Una discusión familiar que terminó bajo investigación penal
Según la reconstrucción ministerial, el conflicto comenzó en los vestidores del club, donde Luis Enrique Flores Fernández, padre de Paola, sostuvo una discusión con Ricardo Flores Ochoa.
El enfrentamiento verbal habría terminado en golpes. Durante su declaración, Luis Enrique señaló que posteriormente recibió amenazas de muerte y que uno de sus hijos tuvo que intervenir para separarlos.
Un certificado médico elaborado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documentó contusiones en el labio superior y en la mucosa de los labios.
Paola relató que escuchó gritos cuando se disponía a bañarse. Al salir, trabajadores del club le informaron que Ricardo había golpeado a su padre. Por ello, pidió al personal de seguridad que lo retirara de los vestidores y le comunicó que ya no tendría permitido ingresar al inmueble.
La denunciante sostuvo que, en ese momento, Ricardo levantó el puño con la intención de agredirla. El coordinador deportivo, Óscar Samario Solano, intervino y lo acompañó hasta el estacionamiento.
Sin embargo, de acuerdo con la declaración de Paola, la confrontación no terminó ahí. Desde el exterior, su primo presuntamente le lanzó amenazas, entre ellas: “Te voy a matar”.
También habría advertido que acudirían personas armadas al lugar.
La llegada de Fernando Flores y los hombres armados
Paola declaró ante el Ministerio Público que minutos después Fernando Flores llegó al club junto con Ricardo Flores Ochoa y varios hombres que llevaban armas largas.
La gerente del inmueble afirmó que intentó cerrarles el paso, pero que el alcalde abrió las puertas y la empujó con ambas manos.
De acuerdo con su versión, ella corrió hacia el interior del club, pero fue derribada junto con Óscar Samario. Mientras permanecía en el suelo, afirmó haber recibido golpes en un brazo y patadas en las rodillas por parte de varios escoltas.
La mujer explicó que se encontraba bajo un tratamiento de fertilidad y que, al momento de la agresión, se cubrió el abdomen por temor a que los golpes afectaran el procedimiento.
En su relato también mencionó que una mujer identificada como Paulina la ayudó a salir del grupo, mientras un policía municipal intervino para protegerla. El coordinador deportivo, añadió, habría continuado siendo golpeado por otras personas.
El certificado médico practicado esa misma noche registró moretones por contusión en la mano y la rodilla derechas, inflamación alrededor de esta última y dolor abdominal.
Estos documentos forman parte de los elementos que la Fiscalía debe valorar junto con los videos, testimonios y demás pruebas antes de que un juez determine responsabilidades.
Fiscalía reportó una situación de riesgo para la denunciante
Tras los hechos, la Fiscalía concedió medidas de protección por 60 días a Paola Lucero Flores Huerta, Luis Enrique Flores Fernández y Óscar Samario Solano.
Las medidas incluyeron vigilancia domiciliaria, protección policial y auxilio inmediato en caso de emergencia.
En su evaluación psicológica, Paola manifestó temor por su seguridad. La especialista que la atendió identificó preocupación, inseguridad y miedo, además de advertir una posible “situación de riesgo feminicida”, asociada con las amenazas que la mujer dijo haber recibido, la diferencia de poder entre las partes y las agresiones verbales que describió.
No obstante, el propio informe psicológico no sustituye la decisión judicial sobre la responsabilidad penal de los involucrados. Su función es aportar elementos sobre el estado emocional y las condiciones de riesgo de la persona evaluada.
Luis Enrique también expresó temor, enojo e impotencia. Posteriormente amplió su declaración para señalar supuestos actos de intimidación contra sus hijos, luego de que un conocido le informara que Ricardo buscaba sus domicilios.
El hombre también relató que un sujeto encapuchado ingresó al club y dijo ser escolta de otros integrantes de la familia. Según su testimonio, elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y verificaron que el individuo no portaba armas.
Fernando Flores fue vinculado a proceso por abuso de autoridad
El 9 de julio, un juez vinculó a proceso a Fernando Flores por su probable intervención en el delito de abuso de autoridad.
La Fiscalía había solicitado un periodo mayor para completar la investigación; sin embargo, el juez concedió un plazo de un mes. De acuerdo con la información disponible, el término para concluir esta etapa vence el 4 de octubre.
Durante ese periodo, el Ministerio Público deberá fortalecer o descartar las hipótesis planteadas, entre ellas la participación de cada uno de los señalados, el uso de la fuerza, las amenazas y la posible intervención de personas armadas.
La Fiscalía también ordenó preservar los videos difundidos en redes sociales, inspeccionar las instalaciones del club, ubicar cámaras de vigilancia, recabar testimonios y documentar fotográficamente las lesiones.
Además, solicitó al Instituto Electoral del Estado de México una copia certificada de la constancia que acredita a Fernando Flores como presidente municipal.
Este último elemento busca establecer formalmente la calidad de servidor público del alcalde, un aspecto relevante para la investigación por abuso de autoridad.
Cuando el poder público entra en una disputa privada
El caso del Club Deportivo La Asunción no solamente expone una confrontación familiar. También plantea una pregunta de mayor alcance: ¿qué ocurre cuando una persona que ocupa la presidencia municipal es señalada por utilizar su cargo o su condición de autoridad para intervenir en un conflicto privado?
La frase atribuida al alcalde —“Sí puedo, soy la autoridad”— adquiere un peso particular porque no se trata únicamente de una discusión entre familiares. Si la expresión ocurrió en los términos descritos por la denunciante, la autoridad pública habría sido invocada como argumento para abrirse paso en un espacio donde existía una disputa y una negativa de acceso.
Pero también debe mantenerse una distinción fundamental: una declaración ministerial es una versión de los hechos, no una sentencia. La investigación debe esclarecer qué ocurrió, quién golpeó a quién, quién emitió amenazas, quién portaba armas y cuál fue la participación concreta de cada persona.
La ciudadanía tiene derecho a exigir una investigación imparcial, especialmente cuando uno de los señalados es un presidente municipal. Del mismo modo, cualquier imputado tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
El verdadero problema sería que el poder político, familiar o económico terminara influyendo en la investigación, en la protección de las víctimas o en la forma en que se determina la responsabilidad.
¿La Fiscalía podrá esclarecer los hechos del Club Deportivo La Asunción sin presiones políticas ni familiares, y determinar si alguien utilizó el poder público para imponerse por la fuerza?
Datos clave del caso
- Lugar: Club Deportivo La Asunción, Metepec, Estado de México.
- Fecha de los hechos: 4 de junio de 2026.
- Carpeta de investigación: TOL/CGT/VIP/057/151594/26/06.
- Delitos investigados: lesiones y abuso de autoridad.
- Denunciantes: Paola Lucero Flores Huerta y Luis Enrique Flores Fernández.
- Otros involucrados señalados: Ricardo Flores Ochoa y Eleazar Jiménez González.
- Imputado vinculado a proceso: Fernando Gustavo Flores Fernández.
- Delito por el que fue vinculado: probable intervención en abuso de autoridad.
- Próximo plazo de investigación: 4 de octubre.
- Medidas de protección: vigilancia domiciliaria, protección policial y auxilio inmediato.
- Situación jurídica: investigación abierta; no existe sentencia condenatoria.
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