Dulce Esmeralda tenía apenas un año y 11 meses; Fátima Escarlett, seis años; Guillermo, conocido como “Memito”, tenía ocho. Los tres murieron el 11 de septiembre en hechos distintos ocurridos en el Estado de México. Tres historias separadas por municipios y circunstancias, pero unidas por una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el lugar que debería proteger a la infancia se convierte en el escenario de la violencia?
En Almoloya de Juárez, Dulce Esmeralda y Fátima Escarlett fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda del Ejido de San Pedro. En Acolman, Guillermo murió dentro de un automóvil estacionado frente a un templo cristiano; las investigaciones señalan a su padrastro como principal sospechoso.
Se trata de casos diferentes y las investigaciones continúan abiertas, por lo que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades individuales y esclarecer completamente lo ocurrido.
Pero más allá de cada expediente existe una coincidencia que obliga a mirar el problema desde otra perspectiva: los tres menores se encontraban bajo el cuidado de adultos de su entorno cercano.
Y ahí aparece una pregunta que resulta mucho más difícil que señalar a un presunto responsable: ¿cuántas señales de violencia pudieron existir antes de que ocurrieran estas tragedias y por qué nadie consiguió detenerlas?
La violencia infantil rara vez comienza con el último golpe
Cuando un niño muere víctima de violencia, la sociedad suele conocer únicamente el desenlace. Sin embargo, el maltrato puede comenzar mucho antes con situaciones que, por separado, podrían parecer pequeñas: gritos constantes, amenazas, castigos físicos, lesiones inexplicables, abandono, miedo, cambios de conducta, ausencias escolares o aislamiento.
El problema aparece cuando cada institución o adulto conoce solamente una parte de la historia.
La escuela puede detectar que un alumno dejó de asistir. Un médico puede atender una lesión. Un vecino puede escuchar discusiones. Un familiar puede conocer antecedentes de agresividad. Una autoridad puede recibir una denuncia por violencia de pareja.
Todos tienen una pieza del rompecabezas.
Pero si nadie las conecta, el menor continúa dentro del mismo entorno.
La prevención de la violencia infantil exige precisamente romper esa fragmentación. No basta con que cada institución cumpla aisladamente con un trámite si las señales acumuladas nunca generan una intervención capaz de proteger al niño.
Cuando la pareja se convierte en una figura de poder
El caso de “Memito” vuelve a colocar sobre la mesa un fenómeno que también ha aparecido en otros expedientes del Estado de México: menores que quedan expuestos a la violencia ejercida presuntamente por la pareja de alguno de sus padres.
Esto no significa que las familias reconstruidas sean peligrosas ni que una nueva pareja represente automáticamente una amenaza. La mayoría de estos hogares no enfrenta situaciones de violencia.
El riesgo aparece cuando un adulto con conductas agresivas adquiere poder cotidiano sobre un menor y existen otros factores como violencia contra la madre, dependencia económica, aislamiento, consumo problemático de sustancias o antecedentes de maltrato.
El niño se encuentra entonces en una posición particularmente vulnerable: depende de los adultos para alimentarse, trasladarse, recibir atención médica y sentirse seguro. No puede simplemente abandonar la vivienda ni elegir a quién acudir.
Por eso, la protección infantil no puede depender exclusivamente de que el menor denuncie.
La pregunta también debe dirigirse a los adultos que rodean a esa familia: ¿qué hicieron cuando observaron una señal de alarma?
Ni la pobreza ni las enfermedades mentales explican por sí solas la violencia
Los casos de violencia extrema contra menores suelen acompañarse de explicaciones rápidas: pobreza, alcohol, drogas, problemas familiares o enfermedades mentales.
Son factores que pueden estar presentes en determinados casos, pero convertirlos en una explicación automática sería un error.
La mayoría de las personas que viven en condiciones económicas precarias no agrede a sus hijos. De la misma manera, la mayoría de las personas con trastornos mentales no es violenta.
Lo que sí puede ocurrir es que determinadas condiciones aumenten la vulnerabilidad cuando se combinan con violencia previa, aislamiento, ausencia de redes de apoyo, consumo problemático de sustancias, amenazas o conductas de dominio.
La precariedad económica puede dificultar que una mujer abandone a una pareja agresiva. El hacinamiento puede aumentar el estrés familiar. La falta de servicios de salud mental puede dejar sin atención una crisis grave.
Pero ninguno de esos factores debe utilizarse para justificar un homicidio.
La responsabilidad por un crimen corresponde a quien lo comete; la responsabilidad institucional consiste en crear mecanismos capaces de detectar el riesgo antes de que el daño sea irreversible.
El hogar también puede ocultar la violencia
Existe una idea profundamente arraigada: que los problemas familiares deben resolverse dentro de casa.
El principio puede parecer razonable hasta que una niña o un niño está siendo golpeado, abusado, encerrado, privado de alimentos o amenazado.
Un menor no tiene las mismas posibilidades que un adulto para escapar de una relación violenta. No controla sus recursos económicos, no decide dónde vivir y muchas veces ni siquiera sabe que lo que está experimentando constituye una forma de violencia.
Por eso la intimidad del hogar no puede convertirse en una barrera para la protección de la infancia.
¿Qué tendría que cambiar en el Estado de México?
La respuesta no puede reducirse a aumentar las penas después de un homicidio.
El castigo es indispensable cuando se acredita un delito, pero llega después de que la víctima ya sufrió el daño.
La prevención exige construir una red capaz de reaccionar ante las señales previas.
Escuelas, centros de salud, policías, fiscalías y sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes necesitan mecanismos eficaces para compartir información cuando existan indicadores de riesgo.
Una lesión recurrente no debería analizarse siempre como un episodio aislado. Tampoco el ausentismo escolar, el abandono, el miedo constante o los cambios bruscos de comportamiento deberían considerarse asuntos independientes cuando existen otros antecedentes.
También resulta fundamental proteger a los hijos cuando una mujer denuncia violencia de pareja. La agresión contra la madre puede ser, al mismo tiempo, una señal de riesgo para los menores que viven en ese entorno.
Y hay otro elemento que suele olvidarse: para algunas familias, salir de una relación violenta requiere mucho más que voluntad.
Se necesitan refugios, vivienda temporal, ingresos, asesoría jurídica, atención psicológica y redes de apoyo. Decirle a una mujer que abandone al agresor sin ofrecerle condiciones mínimas para hacerlo puede convertir una recomendación correcta en una salida prácticamente imposible.
¿cuántas señales más necesitamos?
Llamar “monstruo” a quien presuntamente asesina a un niño expresa nuestra indignación, pero no necesariamente ayuda a entender el problema.
Porque si pensamos que quienes cometen estos actos son seres completamente ajenos a nuestra sociedad, podemos cometer el error de creer que la violencia infantil ocurre solamente en hogares excepcionales.
La realidad es más incómoda.
La violencia puede aparecer en una vivienda humilde, en un automóvil, en una familia aparentemente estable o incluso detrás de una puerta que desde afuera parece completamente normal.
Y tampoco existe una clase social, municipio o tipo de familia que tenga el monopolio de la violencia.
Por eso el verdadero desafío está antes de la tragedia.
Está en el maestro que observa un cambio radical en un alumno. En el médico que encuentra lesiones repetidas. En el vecino que escucha agresiones. En el familiar que conoce una amenaza. En el funcionario que recibe una denuncia y debe decidir qué tan alto es el riesgo.
¿Estamos conectando esas señales o seguimos tratándolas como problemas aislados?
Dulce Esmeralda, Fátima Escarlett y Guillermo ya no pueden ser protegidos.
Pero hay otros niños que sí.
La pregunta que debería quedar después de estas tragedias no es solamente quién será castigado cuando termine la investigación, sino qué pudo haberse hecho antes, qué señales fueron ignoradas y qué debe cambiar para que otro niño no tenga que convertirse en una estadística para que las instituciones reaccionen.
Porque cuando la violencia llega hasta la muerte, ya perdimos la oportunidad más importante: intervenir cuando todavía había tiempo.
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