Lerma, Estado de México.— La Dirección de Seguridad Pública de Lerma enfrenta señalamientos ciudadanos relacionados con el manejo interno de la corporación, presuntas presiones hacia elementos y posibles conflictos laborales que involucran al titular del área, José Alberto Ramírez Pérez.
Los señalamientos, difundidos por personas que se identifican como elementos y trabajadores de la corporación, apuntan a posibles irregularidades administrativas y presuntos actos de abuso de autoridad. Hasta el momento, estas acusaciones deben ser consideradas señalamientos pendientes de investigación y comprobación, por lo que no implican por sí mismas responsabilidad administrativa o penal.
El Ayuntamiento de Lerma confirma en su directorio oficial que José Alberto Ramírez Pérez se desempeña como director de Seguridad Pública.
¿Qué se está denunciando dentro de la Policía de Lerma?
De acuerdo con las denuncias difundidas, uno de los principales reclamos estaría relacionado con el manejo del personal y con supuestas presiones hacia integrantes de la corporación.
También se plantea revisar la situación de algunas personas que, según los denunciantes, serían familiares y aparecerían en la nómina municipal sin desempeñar las funciones correspondientes. Esta acusación requiere necesariamente una revisión documental de nóminas, funciones asignadas, horarios, registros laborales y demás elementos que permitan determinar si existe o no alguna irregularidad.
Otro señalamiento se refiere al caso de una elemento identificada como Xóchitl, quien presuntamente habría manifestado haber sufrido hostigamiento y represalias después de una discusión ocurrida durante un evento municipal. Según la versión difundida, posteriormente habría sido reasignada de funciones.
Este último señalamiento tampoco puede darse por acreditado sin una investigación formal que permita conocer la versión de la persona involucrada, de los responsables de la corporación y de las autoridades competentes.
La propia normativa municipal establece obligaciones para los policías
Los señalamientos adquieren relevancia porque la propia información oficial del Ayuntamiento establece que la seguridad pública municipal debe desarrollarse con respeto a los derechos humanos y bajo criterios de imparcialidad.
El gobierno municipal señala que los integrantes de Seguridad Pública deben conducirse conforme al orden jurídico, brindar un trato respetuoso, abstenerse de actos arbitrarios y cumplir sus funciones con imparcialidad. La normativa también establece que deben evitar malos tratos y conductas contrarias a los derechos humanos.
Es decir, si existen denuncias internas sobre presiones, represalias o posibles abusos de autoridad, corresponde a las instancias competentes determinar si los hechos ocurrieron y, en su caso, establecer responsabilidades.
El propio municipio ubica a la Dirección de Seguridad Pública dentro de su gabinete de seguridad y señala que el presidente municipal tiene el mando de los cuerpos de seguridad pública y tránsito a través de la dirección correspondiente.
Una denuncia ciudadana que exige algo más que silencio
Cuando los señalamientos provienen de integrantes de una corporación policial, el problema no debería reducirse a una disputa interna entre trabajadores y mandos. La pregunta de fondo es si existen mecanismos suficientes para que un policía pueda denunciar una posible irregularidad sin temor a represalias y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de los funcionarios señalados a defenderse.
Por ello, una investigación imparcial tendría que revisar documentos, testimonios, movimientos de personal, posibles cambios de adscripción, registros laborales y cualquier evidencia relacionada con las acusaciones.
También sería importante conocer la postura del Ayuntamiento de Lerma y del propio José Alberto Ramírez Pérez respecto de estos señalamientos.
La pregunta para Lerma
Una corporación policial necesita autoridad, disciplina y una cadena de mando clara, pero también controles que permitan detectar y corregir posibles abusos.
¿Quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de vigilar y garantizar la seguridad de la ciudadanía?
La respuesta no debería depender de rumores, filtraciones o publicaciones en redes sociales. Si existen elementos que sustenten las acusaciones, deben presentarse ante las instancias correspondientes; y si no existen, también debe aclararse públicamente para evitar que señalamientos sin sustento dañen injustamente la reputación de servidores públicos.
Y en Lerma, los ciudadanos tienen derecho a saber si las denuncias corresponden a conflictos laborales aislados o si detrás de ellas existe un problema administrativo que las autoridades deben atender.
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