La operación inmobiliaria se habría concretado en 2023 mediante una permuta, pero el predio no aparece en la versión pública de la declaración patrimonial del alcalde de Metepec. La discrepancia abre interrogantes sobre la transparencia de su patrimonio.
Metepec, Estado de México.– Una operación inmobiliaria valuada en 34 millones de pesos, relacionada con el alcalde de Metepec, Fernando Gustavo Flores Fernández, y su esposa, Iraí Argelia Albarrán Segura, vuelve a colocar bajo escrutinio público la transparencia patrimonial del presidente municipal.
De acuerdo con la documentación registral descrita en la información del caso, ambos aparecen como propietarios de un inmueble ubicado en el exclusivo fraccionamiento Club de Golf Los Encinos, en el municipio de Lerma, adquirido en 2023 mediante una operación que combinó la entrega de otra propiedad y un pago adicional en efectivo.
El punto que genera cuestionamientos es que, según la revisión de la versión pública de la declaración patrimonial del edil correspondiente a ese ejercicio, no se identifica la adquisición de ese inmueble.
La diferencia entre los documentos registrales y la información patrimonial pública plantea una interrogante que merece una respuesta clara: ¿por qué una operación inmobiliaria de esa magnitud no aparece identificada en la declaración del alcalde?
La revisión de los documentos referidos en el caso señala que la operación quedó asentada en una escritura pública del 23 de febrero de 2023 y fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 17 de julio del mismo año.
Permuta de 25 millones y una diferencia de 9 millones de pesos
La adquisición del inmueble no habría ocurrido mediante una compraventa convencional. Según el expediente registral descrito, se realizó a través de una permuta, figura mediante la cual se intercambian bienes.
En la operación, Flores Fernández habría entregado otra propiedad valuada en 25 millones de pesos y recibido a cambio el predio ubicado en Los Encinos. Además, se habría pactado una diferencia de 9 millones de pesos en efectivo, con lo que el valor total de la transacción ascendió a 34 millones.
El inmueble cuenta con una superficie de 1,872 metros cuadrados y un valor catastral registrado de 23 millones 361 mil 308 pesos.
Es importante distinguir las cantidades: los 34 millones corresponden al valor consignado para la operación, mientras que los más de 23.3 millones representan el valor catastral. Son referencias distintas y no deben confundirse.
La revisión de la declaración patrimonial pública del alcalde, según la información proporcionada, no identifica un inmueble adquirido en 2023 que coincida con la superficie, la modalidad de adquisición o las características de la propiedad de Los Encinos.
En ese documento, Flores Fernández habría reportado 11 inmuebles cuyo valor de adquisición suma alrededor de 23 millones de pesos.
La diferencia entre ambos registros no demuestra por sí sola que exista una irregularidad, pero sí abre la puerta a preguntas sobre la forma en que se reportó la operación y sobre la información que debe estar disponible para el escrutinio público.
Transparencia patrimonial: las preguntas que siguen sin respuesta
Cuando una persona ocupa un cargo público, la información sobre su patrimonio adquiere relevancia para la rendición de cuentas, especialmente cuando existen diferencias entre documentos que describen una misma operación.
En este caso, los elementos señalados apuntan a tres cuestiones centrales: la titularidad del inmueble, el valor de la permuta y la ausencia de una adquisición identificable en la versión pública de la declaración patrimonial correspondiente a 2023.
Para esclarecer la discrepancia sería necesario conocer la explicación del alcalde, revisar el contenido íntegro de los documentos y determinar si la operación fue reportada conforme a las obligaciones aplicables.
También debe considerarse que la información pública de una declaración patrimonial puede tener límites respecto de ciertos datos personales. Por ello, la ausencia de un dato visible no permite concluir automáticamente que nunca fue reportado o que se cometió una falta.
El caso se suma a otros cuestionamientos sobre el patrimonio y los intereses empresariales de Flores Fernández. Además, el alcalde ha enfrentado un proceso judicial relacionado con los hechos ocurridos en el Club La Asunción, un asunto distinto que no debe confundirse con la operación inmobiliaria.
Ambos temas, sin embargo, colocan sobre la mesa la importancia de que quienes ejercen funciones públicas expliquen de manera clara los asuntos que generan dudas sobre su actuación y patrimonio.
La transparencia patrimonial no debería ser un trámite que se cumple únicamente para cubrir un requisito administrativo. Es una herramienta para que la ciudadanía pueda conocer cómo se reportan los bienes de quienes gobiernan y exigir explicaciones cuando aparecen diferencias entre los registros disponibles.
En el caso de Fernando Flores Fernández, la operación inmobiliaria descrita, valuada en 34 millones de pesos, plantea una pregunta concreta que no puede resolverse únicamente con especulaciones: ¿por qué el inmueble de Los Encinos no aparece identificado en la declaración patrimonial pública correspondiente a 2023?
La respuesta debe partir de documentos, aclaraciones verificables y, en su caso, de la revisión de las autoridades competentes. No se trata de anticipar culpabilidades, sino de exigir que una discrepancia de esta magnitud sea explicada con claridad.
Porque cuando se trata de servidores públicos, la confianza ciudadana también depende de que las cuentas patrimoniales sean comprensibles, verificables y consistentes.
¿Consideras que los funcionarios públicos deberían explicar públicamente las diferencias entre sus declaraciones patrimoniales y los registros de sus propiedades, o basta con que las autoridades revisen estos casos cuando exista una denuncia?
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
