El proyecto para construir una plaza cívica en Santa María Tlaminilolpan, impulsado por el gobierno de Miguel Ángel Ramírez, terminó cancelado tras la inconformidad de habitantes que señalaron que el predio era una parcela escolar. Ahora, la pregunta es qué ocurrirá con los 4.95 millones de pesos aprobados.
Lerma, Estado de México.– Una obra pública de casi cinco millones de pesos en Santa María Tlaminilolpan abrió un conflicto entre habitantes y el gobierno municipal de Lerma. El proyecto, promovido durante la administración del alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce, contemplaba la construcción de una plaza cívica, pero terminó suspendido en medio de cuestionamientos sobre la propiedad del terreno.
La inversión aprobada ascendía a 4 millones 950 mil pesos. Sin embargo, habitantes de la comunidad expresaron su inconformidad al sostener que el predio señalado para la obra correspondía a una parcela escolar, vinculada con la comunidad indígena y una institución educativa.
La controversia escaló cuando ingresó maquinaria al terreno. De acuerdo con los señalamientos de los habitantes, durante el conflicto se registraron agresiones por parte de policías municipales contra personas que resguardaban el lugar.
Finalmente, la obra fue cancelada. El alcalde aseguró que los recursos serían destinados a otro proyecto para beneficio de la comunidad, aunque la información proporcionada no precisa cuál sería la nueva obra, cuándo se ejecutaría ni bajo qué condiciones se ejercerá el presupuesto.
La pregunta de fondo: ¿cómo se aprobó una obra en un predio cuestionado?
Más allá de la cancelación, el caso deja una interrogante sobre el proceso que permitió que el proyecto llegara al Cabildo y obtuviera autorización presupuestal, pese a los cuestionamientos sobre la situación del terreno.
En cualquier obra pública, la certeza jurídica del predio, la documentación que acredita su disponibilidad y la claridad sobre el destino de los recursos son elementos fundamentales para evitar conflictos con la población.
En Santa María Tlaminilolpan, la disputa por el terreno terminó por frenar una inversión que, en principio, estaba planteada como un espacio de uso comunitario. Sin embargo, la inconformidad de los habitantes puso en evidencia la importancia de aclarar quién tiene derechos sobre el predio y con qué documentos se respaldó la decisión de construir ahí.
También queda pendiente conocer si existieron dictámenes técnicos, jurídicos o administrativos que sustentaran la aprobación del proyecto y cómo se atendieron las objeciones de quienes afirmaban que el terreno tenía un uso escolar y comunitario.
La cancelación de la obra no resuelve por sí sola esas dudas. Tampoco permite concluir, sin documentación adicional, que haya existido una irregularidad en la autorización del presupuesto.
Casi 5 millones de pesos: ¿qué sigue con el dinero?
El anuncio de que los recursos se destinarían a otra obra para la comunidad abre un nuevo capítulo en el caso. La pregunta ahora es cómo se ejercerá ese presupuesto, qué proyecto lo recibirá y qué mecanismos permitirán a los habitantes conocer su destino.
La ciudadanía tiene derecho a saber si los 4.95 millones de pesos permanecen disponibles, si fueron reasignados formalmente y cuál será el calendario para ejecutar la nueva obra.
El seguimiento también debe incluir la situación jurídica del terreno, las razones que llevaron a la cancelación y las medidas que se tomarán para evitar que un conflicto similar vuelva a presentarse.
La reflexión para Lerma es inevitable: ¿cómo llegó al Cabildo una obra de casi cinco millones de pesos en un terreno cuya propiedad era cuestionada por habitantes, y quién dará cuenta del destino de ese dinero tras la cancelación?
La transparencia no termina cuando se detiene una construcción. También implica explicar las decisiones que llevaron a aprobarla, documentar el uso de los recursos públicos y garantizar que las obras respondan a las necesidades de la comunidad sin pasar por encima de sus derechos.
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