El nuevo marco jurídico entra en vigor este 2 de octubre y abre un proceso de transición que contempla la liquidación del INFOEM y la puesta en marcha de un nuevo órgano dependiente de la Secretaría de la Contraloría.
Toluca, Estado de México.— El Estado de México inició una nueva etapa en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales con la publicación del decreto que expide las nuevas leyes estatales de transparencia y establece la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).
El nuevo esquema contempla la creación de Transparencia Mexiquense, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
El Congreso mexiquense había aprobado en agosto las nuevas leyes y las reformas a cinco ordenamientos estatales, con el argumento de establecer un modelo institucional más simplificado y reducir estructuras administrativas. La aprobación legislativa también generó críticas de representantes de PRI, PAN, MC y PRD, quienes cuestionaron que el nuevo órgano forme parte de la estructura del Poder Ejecutivo y señalaron posibles implicaciones para su independencia.
Con la publicación del decreto comienza ahora una etapa de transición que deberá definir cómo se trasladarán las funciones, recursos, expedientes y personal del organismo que durante años fue la autoridad garante en la materia.
¿Qué pasa con el INFOEM y cuándo desaparecerá?
La entrada en vigor de la nueva legislación no implica que las funciones de transparencia queden suspendidas. El decreto establece un periodo de transición durante el cual deberá concretarse la extinción del INFOEM y la transferencia de sus atribuciones.
El Instituto conservará personalidad jurídica exclusivamente para efectos relacionados con su proceso de liquidación.
Entre las primeras acciones se encuentra la designación de una representación legal para conducir ese procedimiento, así como la elaboración de información sobre el personal que actualmente presta servicios en el organismo.
El proceso también contempla una Comisión Transitoria de Transferencia, integrada por representantes de dependencias estatales relacionadas con Finanzas, Contraloría, Consejería Jurídica y Oficialía Mayor.
Esta comisión deberá establecer las bases para determinar la continuidad, contratación o, en su caso, liquidación del personal conforme al nuevo esquema jurídico.
Los recursos materiales y financieros del INFOEM, incluidos sus bienes, serán objeto de transferencia conforme a los plazos establecidos por el decreto.
El cambio representa una modificación relevante respecto del modelo anterior. El INFOEM era un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
Ahora, la autoridad garante estatal será Transparencia Mexiquense, mientras que las contralorías del Poder Legislativo y Judicial y los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos tendrán responsabilidades en sus respectivos ámbitos.
Transparencia Mexiquense tendrá hasta 120 días para instalarse
El nuevo modelo no comenzará a operar de manera completa de un día para otro.
La legislación contempla distintos plazos para construir la nueva estructura institucional. Uno de ellos establece que el Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México deberá instalarse en un periodo máximo de 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.
Además, el Ejecutivo estatal tendrá un plazo de hasta seis meses para expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para regular el funcionamiento de Transparencia Mexiquense.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, también deberán adecuar sus normas internas para asumir las atribuciones que les correspondan.
El cambio ocurre en un contexto en el que las solicitudes de información y los recursos de revisión representan una carga constante para las instituciones públicas. Como referencia, durante el periodo del 1 de enero al 16 de junio de 2026 se reportaron 25 mil 962 solicitudes de información pública y 6 mil 492 recursos de revisión, según datos citados durante la discusión legislativa.
El reto será garantizar que la transición administrativa no genere interrupciones para las personas que buscan información pública o ejercen derechos relacionados con sus datos personales.
Actualmente, el sistema de acceso a la información mexiquense permite presentar solicitudes y recursos mediante plataformas como SAIMEX, mientras que IPOMEX concentra obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
El verdadero desafío será que el derecho siga funcionando
La desaparición del INFOEM y la creación de Transparencia Mexiquense constituyen un cambio institucional de fondo. El debate público no termina con la publicación de la nueva ley: ahora comienza la etapa en la que deberán comprobarse sus resultados.
La principal pregunta para la ciudadanía es sencilla: ¿el nuevo modelo permitirá solicitar información, obtener respuestas y presentar recursos de manera tan accesible y efectiva como antes?
También será necesario observar cómo se resuelve la transición del personal especializado. La experiencia acumulada en materia de transparencia, archivos, protección de datos y resolución de recursos constituye un conocimiento técnico que puede resultar relevante durante la puesta en marcha del nuevo sistema.
El Congreso ha señalado que la reforma busca simplificar estructuras y reducir costos, mientras que legisladores de oposición han cuestionado la ubicación de Transparencia Mexiquense dentro del Poder Ejecutivo y sus posibles efectos sobre la independencia institucional. Ambas posiciones forman parte del debate legislativo documentado sobre la reforma.
Por ello, el seguimiento ciudadano será fundamental.
¿Qué debería observar la sociedad durante los primeros seis meses del nuevo modelo: la reducción del gasto, la velocidad de las respuestas, la cantidad de recursos resueltos, la protección de datos personales o la independencia con la que se atienden las solicitudes?
Más allá del nombre del organismo, el indicador definitivo será si las personas pueden seguir ejerciendo de manera efectiva su derecho a saber y su derecho a proteger sus datos personales.
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