Horacio Duarte destacó que la estrategia impulsada desde las Mesas de Paz ha permitido recuperar propiedades y devolverlas a sus legítimos propietarios desde el inicio de la Operación Restitución en 2025.
Toluca, Estado de México.— Combatir el despojo de viviendas, terrenos y otros bienes se ha convertido en uno de los objetivos de la estrategia de seguridad y justicia del Estado de México, de acuerdo con lo informado por Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno.
A través de sus redes sociales, Duarte destacó los resultados de la Operación Restitución, estrategia que, según la información difundida por el funcionario, ha permitido asegurar más de 2 mil 700 inmuebles desde su puesta en marcha en 2025.
Del total señalado, mil 669 propiedades ya habrían sido restituidas a sus legítimos propietarios, un proceso que busca que las personas afectadas recuperen nuevamente el patrimonio que les pertenece.
Operación Restitución busca combatir el despojo en Edomex
El despojo de inmuebles puede representar una afectación patrimonial considerable para las familias, particularmente cuando se trata de viviendas o terrenos adquiridos después de años de trabajo y esfuerzo.
En este contexto, Horacio Duarte sostuvo que combatir este delito significa también proteger el patrimonio construido por las familias y actuar contra quienes pretendan apropiarse de propiedades ajenas.
La estrategia se desarrolla mediante la coordinación de distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, con acciones que buscan identificar inmuebles involucrados en posibles actos de despojo, asegurar las propiedades y posteriormente avanzar en los procedimientos necesarios para su restitución.
De acuerdo con el funcionario estatal, la estrategia forma parte de la coordinación que impulsa la gobernadora Delfina Gómez Álvarez desde las Mesas de Paz.
Participan fuerzas federales y autoridades estatales
La Operación Restitución involucra a diversas instituciones, entre ellas el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La participación conjunta busca fortalecer el intercambio de información y las acciones operativas para atender casos relacionados con el despojo.
Para las personas afectadas, la recuperación de un inmueble puede representar mucho más que la devolución de un bien material. Una vivienda puede ser el lugar donde una familia construyó su vida, mientras que un terreno puede representar años de ahorro o constituir la base de una actividad económica.
Por ello, la restitución de cada propiedad tiene también una dimensión social y de certeza jurídica.
Mil 669 inmuebles ya fueron restituidos
De acuerdo con las cifras difundidas por Duarte, de los más de 2 mil 700 inmuebles asegurados, mil 669 ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios.
Esto significa que una parte importante del trabajo institucional se ha concentrado no solamente en intervenir propiedades, sino en avanzar hacia su devolución.
No obstante, detrás de cada cifra existen casos particulares que requieren procedimientos jurídicos específicos. La determinación de quién tiene legítimo derecho sobre un inmueble corresponde a las autoridades competentes y debe sustentarse en documentación y resoluciones conforme a la legislación.
Recuperar una propiedad también significa recuperar tranquilidad
Las cifras de la Operación Restitución reflejan una dimensión del problema que pocas veces aparece detrás de las estadísticas de seguridad: el impacto que tiene perder una vivienda, un terreno o un espacio de trabajo.
Para una familia, un inmueble puede representar décadas de esfuerzo. Por eso, recuperar legalmente una propiedad puede significar también recuperar estabilidad y tranquilidad.
Pero una política contra el despojo no debería medirse solamente por el número de inmuebles asegurados o restituidos.
También será necesario conocer cuántos casos llegan ante los tribunales, cuántas personas son procesadas, cuántos procedimientos concluyen en sentencias y qué mecanismos se están implementando para impedir que las propiedades vuelvan a ser ocupadas ilegalmente.
La coordinación entre instituciones puede ser fundamental, pero el reto también está en garantizar certeza jurídica a las víctimas y procesos transparentes para determinar quién tiene derecho sobre cada inmueble.
La pregunta para los lectores es directa: ¿qué debería ocurrir después de recuperar una propiedad para garantizar que la familia que acreditó legalmente su derecho pueda conservarla y no vuelva a convertirse en víctima de despojo?
Porque restituir un inmueble es un paso importante, pero la verdadera protección patrimonial también implica prevenir que el problema vuelva a repetirse.
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