La estrategia de seguridad iniciada en el Estado de México ha ampliado su alcance a otras entidades y suma 111 funcionarios detenidos, entre ellos presidentes municipales, de acuerdo con cifras reportadas por autoridades federales.
Durante años, la discusión sobre seguridad en México estuvo asociada principalmente con el número de elementos desplegados, los operativos en las calles y los enfrentamientos contra grupos delictivos. Sin embargo, la Operación Enjambre plantea otra ruta: investigar también a quienes, desde las instituciones públicas, presuntamente pudieron facilitar la operación de estructuras criminales.
La estrategia comenzó en el Estado de México en noviembre de 2024 y posteriormente se extendió a otras entidades. De acuerdo con información presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al 8 de septiembre de 2026 se contabilizaban 111 funcionarios públicos detenidos por presuntos vínculos con estructuras criminales. Entre ellos se encuentran presidentes municipales de diferentes estados.
La operación ha involucrado a instituciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías, además de las autoridades locales correspondientes.
Operación Enjambre: inteligencia, investigación y redes de protección
Uno de los elementos que distingue a Enjambre es que no se limita a perseguir a integrantes de organizaciones criminales en las calles. La investigación también busca identificar posibles redes de protección institucional, particularmente en gobiernos municipales.
En el primer despliegue realizado en el Estado de México, las autoridades informaron sobre órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, directores y subdirectores de seguridad pública y otros funcionarios señalados por su probable participación en delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio.
La Fiscalía mexiquense reportó posteriormente que se habían obtenido 24 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de 12 municipios, relacionados en las investigaciones con distintos grupos criminales.
Esto modifica la lógica tradicional de los operativos de seguridad: si una organización criminal consigue protección desde una corporación policial o desde una estructura municipal, combatir solamente a sus integrantes puede no ser suficiente para desmantelar la red.
Por eso, la investigación financiera, el análisis de las estructuras de poder y la obtención de datos de prueba adquieren especial importancia.
El factor sorpresa y la investigación previa
Otro componente relevante es el trabajo de inteligencia previo a las detenciones.
La ejecución de las órdenes de aprehensión en 2024 involucró un despliegue simultáneo de instituciones federales y estatales. Las autoridades señalaron que las investigaciones permitieron reunir datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante jueces para obtener los mandamientos judiciales correspondientes.
En este punto existe una diferencia fundamental respecto a una acción policial convencional: la detención es el resultado visible de una investigación que puede haber comenzado mucho antes.
El objetivo es que las instituciones encargadas de procurar justicia cuenten con elementos suficientes para llevar los casos ante los tribunales.
Y aquí también aparece un punto que debe ser observado por la sociedad: una detención no significa automáticamente culpabilidad. Cada persona imputada tiene derecho a la presunción de inocencia y corresponde a los jueces determinar su responsabilidad conforme avance cada proceso.
De Edomex a otras entidades: Enjambre amplía su alcance
La estrategia que tuvo como punto de partida al Estado de México posteriormente se extendió a otros estados.
En septiembre de 2026, García Harfuch informó que la cifra acumulada había llegado a 111 funcionarios detenidos, mientras que 14 presidentes o expresidentes municipales habían sido vinculados a proceso o encarcelados, de acuerdo con información publicada en medios nacionales.
El caso del Estado de México resulta particularmente relevante porque fue el laboratorio inicial de esta estrategia.
La Fiscalía estatal ha reportado avances que incluyen detenciones y sentencias contra servidores públicos vinculados a investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, homicidio, extorsión, secuestro y otros delitos.
El alcance de la estrategia también se ha observado recientemente fuera del territorio mexiquense. En octubre de 2026, autoridades reportaron nuevas detenciones en Chiapas, incluyendo al presidente municipal de Suchiapa, su antecesor y otros integrantes de la estructura municipal, dentro de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos criminales.
La expansión plantea una pregunta de fondo: ¿puede una estrategia enfocada en las redes de protección institucional modificar las condiciones que permiten que el crimen organizado se infiltre en los gobiernos municipales?
Más allá de las detenciones
El verdadero resultado de una estrategia como Enjambre no debería medirse únicamente por el número de personas detenidas.
También será necesario observar cuántos casos llegan a sentencia, cuántas investigaciones resisten los procesos judiciales, si existen mecanismos para recuperar recursos públicos, qué ocurre con las corporaciones policiales intervenidas y, sobre todo, si los municipios afectados logran evitar que nuevas estructuras criminales ocupen los espacios que dejan quienes son procesados.
La experiencia del Estado de México muestra que el problema de la seguridad municipal no puede analizarse solamente desde la perspectiva de los delincuentes que operan fuera de las instituciones.
También debe revisarse qué sucede cuando existen funcionarios, policías o estructuras administrativas que presuntamente facilitan su actividad.
La discusión sobre la Operación Enjambre obliga a cambiar la pregunta tradicional sobre seguridad.
No se trata únicamente de saber cuántos elementos participan en un operativo o cuántas armas se decomisan. También importa determinar si las instituciones públicas están suficientemente blindadas para impedir que grupos criminales establezcan relaciones de protección dentro de los gobiernos municipales.
La estrategia puede generar resultados importantes en materia de persecución penal, pero su eficacia de largo plazo dependerá de algo más que las detenciones: investigaciones sólidas, procesos judiciales transparentes, sentencias cuando corresponda, recuperación de recursos y mecanismos de prevención que eviten que las redes vuelvan a formarse.
El reto es particularmente grande en los municipios, donde las policías locales y los gobiernos tienen contacto directo con la población y donde la infiltración criminal puede afectar desde la seguridad cotidiana hasta la administración de recursos públicos.
¿Ustedes qué opinan: investigar y llevar ante la justicia a funcionarios presuntamente vinculados con grupos criminales puede ayudar a debilitar las estructuras delictivas en los municipios de México, o el verdadero desafío comienza después de las detenciones?
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