Gobierno de Milei defiende venta de tierras en Patagonia a extranjeros: ¿dónde termina la propiedad y empieza la soberanía?
El gobierno de Javier Milei sostiene que la venta de terrenos rurales a extranjeros no representa una pérdida de soberanía para Argentina, mientras crece el debate sobre el control de territorios estratégicos.
La política del gobierno de Javier Milei sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros volvió a colocarse en el centro de la discusión pública en Argentina, particularmente por las implicaciones que puede tener en regiones estratégicas como la Patagonia.
La controversia tomó fuerza luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier defendiera la eliminación de las restricciones que durante años limitaron la adquisición de tierras rurales por ciudadanos extranjeros.
Durante una conferencia en la Casa Rosada, Ravier argumentó que una propiedad privada adquirida por un extranjero continúa formando parte del territorio argentino y permanece sometida a las leyes, impuestos y jurisdicción del país.
La declaración abrió nuevamente un debate que va más allá de una transacción inmobiliaria: ¿hasta dónde puede llegar la propiedad extranjera de tierras sin que exista una discusión sobre soberanía y control territorial?
Milei y el cambio en las reglas para adquirir tierras rurales
El antecedente de esta discusión se encuentra en la Ley 26.737, aprobada en 2011, que estableció restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre sus principales disposiciones se encontraba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, aplicable en los ámbitos nacional, provincial y municipal, además de otras condiciones relacionadas con determinadas zonas del territorio argentino.
Con el DNU 70/2023, el gobierno de Milei incorporó la derogación de ese régimen mediante su artículo 154, modificando de manera significativa las reglas que habían regulado este tipo de operaciones.
La administración libertaria ha defendido una visión en la que la propiedad privada y la libertad económica ocupan un lugar central. Bajo esa lógica, impedir que extranjeros puedan comprar determinados terrenos representa una restricción que, según el gobierno, no necesariamente se justifica desde el punto de vista económico.
Sin embargo, la discusión adquiere otra dimensión cuando se habla de territorios con recursos naturales, fronteras, agua, bosques o importancia estratégica.
Patagonia: una región que va más allá del valor inmobiliario
La Patagonia representa una de las zonas geográficas más extensas y relevantes de Argentina. Su territorio concentra recursos naturales, grandes extensiones rurales y ecosistemas que tienen importancia ambiental y económica.
Por ello, el debate sobre quién puede adquirir tierras en esta región no se limita al precio de una propiedad.
Para quienes defienden mayores restricciones, la concentración de grandes extensiones de tierra en manos extranjeras puede generar riesgos económicos, ambientales o estratégicos. Para quienes respaldan la liberalización, limitar la inversión por nacionalidad puede desalentar capital y reducir oportunidades de desarrollo.
La postura del gobierno de Milei parte de una premisa clara: ser propietario de un terreno no significa convertirse en soberano del lugar. El Estado argentino conserva su legislación, sus impuestos y su jurisdicción sobre esas propiedades.
Pero la pregunta política permanece abierta: ¿es suficiente la jurisdicción estatal para garantizar que determinados territorios estratégicos permanezcan bajo control de los intereses nacionales?
El argumento de que una propiedad extranjera continúa sometida a las leyes argentinas es jurídicamente relevante, pero no necesariamente cierra la discusión política.
La propiedad de la tierra no equivale a soberanía. Eso es cierto. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que la concentración de grandes extensiones territoriales puede tener consecuencias económicas, ambientales y estratégicas que van mucho más allá de una escritura de propiedad.
El debate que enfrenta Argentina no debería reducirse a “extranjeros sí” o “extranjeros no”. La pregunta fundamental tendría que ser qué límites necesita un Estado para proteger sus recursos estratégicos sin cerrar las puertas a la inversión.
¿La libertad para comprar tierras debe tener algún límite cuando se trata de territorios estratégicos como la Patagonia, o cualquier restricción representa una intervención injustificada del Estado en la propiedad privada?
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