Claudia Sheinbaum firmó un decreto para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, con mecanismos de denuncia y supervisión parental.
CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las plataformas digitales, mediante nuevas obligaciones relacionadas con la denuncia de contenidos peligrosos, la supervisión familiar y la colaboración con las autoridades de seguridad e investigación.
La medida busca que las empresas tecnológicas faciliten herramientas para reportar publicaciones que representen riesgos para los menores y ofrezcan opciones que permitan a madres, padres y tutores acompañar el uso de redes sociales por parte de sus hijas e hijos.
De acuerdo con la información difundida sobre la disposición, las plataformas también deberán establecer puntos de contacto con las autoridades, conservar y entregar evidencia relevante conforme a los procedimientos aplicables, así como generar alertas sobre contenidos que representen amenazas contra la vida.
Plataformas digitales deberán reforzar sus mecanismos de seguridad
El decreto establece obligaciones para mejorar la atención de reportes y la respuesta ante contenidos que puedan poner en peligro a niñas, niños y adolescentes. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será responsable de dar seguimiento a la aplicación de las medidas.
Sheinbaum advirtió que, si las compañías incumplen las disposiciones, el gobierno podría promover una ley que contemple sanciones. Sin embargo, es importante distinguir entre las obligaciones establecidas en el decreto y un régimen de castigos: la información proporcionada señala que la disposición, por sí misma, no incorpora un esquema específico de sanciones para las plataformas.
En las reuniones sobre la implementación participaron representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, compañías que operan algunos de los servicios digitales más utilizados en el país.
La estrategia también contempla la participación de las secretarías de Educación Pública y de Salud para impulsar el uso responsable de las redes, difundir información sobre salud mental y ofrecer orientación psicológica a través de la Línea de la Vida.
Con estas acciones, el gobierno federal busca atender los riesgos que pueden surgir en los espacios digitales, donde los menores pueden encontrarse con publicaciones dañinas, amenazas o situaciones que afecten su bienestar emocional.
Proteger a los menores exige más que firmar un decreto
La protección de niñas, niños y adolescentes en internet es una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas tecnológicas, las familias y las instituciones educativas. Las herramientas de denuncia y supervisión pueden representar un avance, pero su efectividad dependerá de que funcionen cuando realmente se necesiten.
Uno de los principales desafíos será conocer cómo responderán las plataformas ante los reportes, qué tiempos de atención manejarán y cómo se comprobará que cumplen con sus obligaciones. También será necesario garantizar que la colaboración con las autoridades respete la privacidad y los derechos de las personas usuarias.
La supervisión parental, por su parte, no debe convertirse en la única línea de defensa. Las familias necesitan orientación, las escuelas deben promover la alfabetización digital y las instituciones públicas tienen que ofrecer atención accesible cuando una persona menor de edad enfrenta acoso, amenazas o afectaciones emocionales.
Además, si el gobierno considera necesario establecer sanciones mediante una nueva ley, será importante que las reglas sean claras, proporcionales y transparentes, con mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
¿Cómo garantizará el gobierno que las plataformas respondan oportunamente ante contenidos peligrosos y que estas nuevas obligaciones se traduzcan en una protección real para niñas, niños y adolescentes, sin vulnerar su privacidad?
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