El inmueble vinculado al exjefe policiaco durante el gobierno de José López Portillo será rehabilitado con una inversión de 150 millones de pesos para ampliar la oferta educativa pública. La nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos prevé iniciar operaciones en 2027.
Ciudad de México.— Una propiedad asociada con los privilegios y la corrupción de una época de la política mexicana tendrá un nuevo propósito: convertirse en un espacio dedicado a la educación pública. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la antigua mansión de Alfonso “El Negro” Durazo, ubicada en Tlalpan, será transformada en una sede de la Universidad Rosario Castellanos y una preparatoria pública.
El proyecto contempla una inversión de 150 millones de pesos para adecuar las instalaciones y habilitar espacios destinados a la formación de estudiantes de nivel medio superior y superior. La iniciativa busca ampliar las oportunidades educativas para habitantes de San Andrés Totoltepec y comunidades cercanas.
Durante su conferencia, Sheinbaum destacó el contraste entre el pasado del inmueble y el uso que tendrá en los próximos años: un lugar relacionado con los privilegios de un exfuncionario se convertirá en un espacio de formación académica para las nuevas generaciones.
La propuesta también representa un esfuerzo por aprovechar una propiedad cuya situación jurídica, de acuerdo con lo informado por la mandataria, ya fue resuelta para permitir su transformación.
Universidad Rosario Castellanos en Tlalpan: carreras y fecha prevista de apertura
La rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera, informó que la nueva sede tiene como objetivo comenzar actividades en 2027. De acuerdo con los datos presentados, ya se registraron 3 mil 67 estudiantes para las cinco carreras contempladas en la oferta académica inicial.
Los programas anunciados son:
- Psicología.
- Derecho y Criminología.
- Administración.
- Turismo.
- Economía.
La apertura de esta sede busca acercar la educación superior a personas que viven en el sur de la capital y que, por distintas razones, enfrentan dificultades para trasladarse a otras instituciones o cubrir los costos asociados con sus estudios.
El proyecto, sin embargo, tendrá que avanzar de la planeación a la ejecución: la adecuación de las instalaciones, la disponibilidad de espacios académicos y la organización de los servicios universitarios serán determinantes para cumplir con la fecha prevista.
La ampliación de la oferta educativa puede contribuir a reducir barreras de acceso, siempre que esté acompañada de condiciones adecuadas para el aprendizaje, personal docente suficiente y programas académicos con perspectivas de desarrollo profesional.
Preparatoria pública tendrá al menos 20 aulas
Además de la universidad, el inmueble albergará una preparatoria pública con al menos 20 aulas, según informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
El funcionario adelantó que en noviembre se lanzaría la licitación para realizar los trabajos de adecuación, con la intención de que el bachillerato esté listo para el siguiente ciclo escolar.
Por su parte, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, señaló que la zona de San Andrés Totoltepec contará con una sede de la Universidad Rosario Castellanos que beneficiará a estudiantes de los pueblos aledaños.
La creación de ambos espacios busca atender la demanda educativa en una zona donde el acceso a instituciones cercanas puede representar una diferencia importante para las familias.
Para que el proyecto tenga un impacto duradero, será necesario que las autoridades informen sobre el avance de las obras, la capacidad de atención de cada plantel y los mecanismos de ingreso para los aspirantes. También será importante garantizar que la ampliación educativa cuente con recursos suficientes para su operación, no solamente para la rehabilitación inicial.
De símbolo de privilegios a espacio educativo: el alcance social del proyecto
Sheinbaum vinculó esta iniciativa con la política de ampliación de la educación pública impulsada durante los gobiernos de Morena. Recordó el desarrollo de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y el crecimiento de la Universidad Rosario Castellanos, instituciones que buscan ofrecer alternativas de formación superior.
La mandataria también señaló que se trabaja en nuevas sedes universitarias para atender la demanda educativa en zonas conurbadas de la Ciudad de México, particularmente en el oriente de la capital.
La reconversión de la antigua mansión tiene, además, un componente simbólico: plantea que un inmueble asociado con el poder político y los privilegios pueda destinarse a un servicio público.
No obstante, el valor del proyecto no dependerá únicamente del significado histórico del edificio. Su relevancia se medirá por la cantidad de estudiantes que logren ingresar, la calidad de la enseñanza y las oportunidades que encuentren al concluir sus estudios.
Convertir un símbolo de privilegios en oportunidades para jóvenes
Destinar un inmueble relacionado con una etapa de corrupción y ostentación a la educación pública es una iniciativa que puede generar beneficios sociales concretos. La apertura de una universidad y una preparatoria en Tlalpan representa una oportunidad para acercar las aulas a comunidades que necesitan más opciones para continuar sus estudios.
La educación puede transformar las perspectivas de una familia y ampliar las posibilidades de desarrollo de una comunidad. Por ello, aprovechar espacios existentes para construir infraestructura educativa puede ser una decisión relevante cuando se acompaña de planeación, presupuesto y objetivos verificables.
Sin embargo, la transformación física del inmueble será apenas el primer paso. Para que el proyecto cumpla su propósito, las autoridades deberán garantizar que las instalaciones estén listas en los plazos anunciados, que los programas académicos cuenten con condiciones adecuadas y que el acceso a los planteles sea claro y transparente.
La inversión de 150 millones de pesos también merece seguimiento público: conocer cómo se ejercerán los recursos y qué resultados se obtendrán permitirá evaluar el alcance real de la iniciativa.
Y para la ciudadanía, queda otra pregunta: ¿qué otros espacios asociados con los privilegios del pasado podrían transformarse en servicios públicos que beneficien directamente a las comunidades?
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