El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas felicitó los resultados reportados por el gobierno mexicano, pero pidió mantener la cooperación internacional ante una crisis que todavía supera las 130 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.
Nueva York, Estados Unidos.— La localización de más de 16 mil personas durante 2026 fue reconocida por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que felicitó los avances comunicados por México y llamó a mantener los esfuerzos de búsqueda y colaboración internacional.
Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del comité, Juan Pablo Albán Alencastro, destacó los resultados informados por el Estado mexicano. Sin embargo, también insistió en que la cooperación con organismos internacionales debe continuar y fortalecerse para responder a la magnitud del problema.
El reconocimiento representa un avance importante para las labores de búsqueda, aunque no significa que la crisis esté resuelta. De acuerdo con las cifras oficiales citadas durante la sesión, en México permanecen más de 130 mil personas desaparecidas.
La información fue difundida en medio del debate internacional sobre la situación del país y las medidas que pueden contribuir a encontrar a quienes siguen sin ser localizados.
México destaca coordinación y esfuerzos para encontrar a personas desaparecidas
Durante su intervención ante Naciones Unidas, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, defendió las acciones emprendidas por el gobierno mexicano y aseguró que la búsqueda de personas constituye una prioridad nacional.
El funcionario señaló que existe coordinación entre autoridades federales y estatales, además de colaboración con organismos internacionales y países que participan en iniciativas de apoyo técnico.
Medina también reconoció el dolor de las madres y familiares que buscan a sus seres queridos y reiteró el compromiso gubernamental de avanzar en la localización, investigar los delitos y combatir la impunidad.
En su exposición, el subsecretario sostuvo que las desapariciones han cambiado en sus formas de operación: mientras que en el pasado, afirmó, podían ser ordenadas desde las altas esferas del poder político, actualmente se atribuyen principalmente a grupos delictivos y, en algunos casos, a autoridades municipales.
Esta declaración coloca sobre la mesa un desafío que no puede limitarse a la búsqueda física de las víctimas. También exige investigar cada caso, identificar a los responsables y garantizar que las autoridades involucradas rindan cuentas cuando existan elementos para determinar su participación.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, difundió información sobre la participación de la delegación mexicana ante la ONU y los avances presentados en materia de búsqueda.
El gobierno informó previamente que más de 16 mil personas habían sido localizadas durante el año mediante las acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Además, anunció la integración de especialistas nacionales e internacionales para revisar las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
ONU pide cooperación permanente y advierte sobre la gravedad de la crisis
Aunque el Comité contra la Desaparición Forzada reconoció las localizaciones reportadas, también reiteró su solicitud para que la situación de México sea examinada por la Asamblea General de Naciones Unidas.
El organismo activó por primera vez, en relación con México, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo permite llevar ante la Asamblea General información sobre indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas.
En abril de 2026, el comité señaló que existían indicios bien fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esa práctica. No obstante, su presidente aclaró que esta determinación no establece por sí misma la responsabilidad internacional del Estado mexicano y que el comité no encontró indicios fundados de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas.
Durante la sesión, la delegación mexicana manifestó su desacuerdo con la interpretación del comité sobre el alcance del artículo 34, aunque sostuvo que el país mantiene una política de diálogo y cooperación internacional.
Juan Pablo Albán pidió que los esfuerzos de colaboración con países como España y Alemania, así como con organismos especializados, se mantengan a largo plazo y se extiendan al propio comité.
El presidente del organismo también lamentó que familiares de personas desaparecidas que asistieron a la sesión fueran retirados de la sala después de mostrar fotografías de sus seres queridos. El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de garantizar que las familias sean escuchadas en las discusiones sobre una crisis que las afecta directamente.
Cada persona localizada representa esperanza para una familia
Que Naciones Unidas reconozca los avances reportados por México es una noticia positiva, porque detrás de cada localización existe la posibilidad de que una familia obtenga respuestas después de meses o años de incertidumbre.
Las cifras importan, pero su verdadero significado está en las historias que representan. Cada persona localizada merece un seguimiento adecuado, y cada familia necesita información clara, acompañamiento y acceso a la justicia cuando existan delitos que investigar.
Al mismo tiempo, el reconocimiento internacional debe convertirse en un incentivo para fortalecer los mecanismos de búsqueda, mejorar los registros, atender la crisis forense y garantizar que los casos no queden sin resolver. La cooperación internacional puede aportar conocimientos y herramientas, pero su efectividad depende también de la continuidad de las acciones y de la rendición de cuentas de las instituciones mexicanas.
Los avances reportados son motivo de esperanza, pero no deben ocultar la dimensión del desafío: más de 130 mil personas continúan desaparecidas, de acuerdo con las cifras oficiales citadas ante la ONU.
El cuestionamiento para nuestros lectores es: ¿qué medidas deberían fortalecerse para que la localización de personas se traduzca también en investigaciones eficaces y justicia para las familias?
Y ante el reconocimiento de Naciones Unidas, ¿consideras que México debe ampliar todavía más la cooperación internacional para acelerar las búsquedas y esclarecer los casos que siguen pendientes?
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