Las alarmas no debieron encenderse ahora; debieron haberlo hecho mucho antes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha abierto una investigación de oficio por presuntas vulneraciones a los derechos de estudiantes de una escuela primaria en Metepec, tras salir a la luz señalamientos de violencia sexual atribuidos a un docente y la profunda inconformidad de las familias por la forma en que las autoridades escolares respondieron desde el primer momento. Este caso plantea preguntas incómodas: ¿se actuó con la prontitud y la seriedad que exige la protección de menores? ¿Se minimizaron las denuncias antes de que llegaran a los medios?

La CODHEM indicó que tuvo conocimiento de los hechos a través de publicaciones en medios de comunicación y redes sociales —lo que por sí mismo ya levanta una duda importante: ¿por qué fueron las familias y no las propias autoridades quienes hicieron público el problema?— y procedió a turnar el expediente al área correspondiente para iniciar las indagatorias.

El foco central de la investigación no recae únicamente en los presuntos hechos de violencia, sino en las posibles omisiones o acciones insuficientes por parte de servidores públicos del ámbito educativo. Se revisará si se respetó el interés superior de la niñez, si se garantizó la integridad del alumnado y si se cumplió el derecho fundamental a recibir educación en entornos seguros y libres de violencia. ¿Es aceptable que ante señalamientos tan graves haya dudas sobre si se aplicaron los protocolos establecidos?

El organismo llamó a las autoridades competentes a atender los señalamientos con diligencia, activar de manera efectiva los protocolos de protección y ofrecer atención especializada y sensible a quienes resultaron afectados. Sin embargo, la necesidad de que la CODHEM emita este tipo de recordatorios sugiere que, hasta ahora, algo no ha funcionado como debía.

La Comisión advirtió expresamente sobre la necesidad de evitar cualquier forma de revictimización, represalia o exposición pública de las víctimas. Esta advertencia resulta preocupante: ¿es que ya han existido intentos de silenciar, culpar o exponer a las niñas, niños y sus familias en este proceso?

Asimismo, se ha reservado toda información que permita identificar al alumnado y sus familiares, y se ha exhortado a la opinión pública a no difundir datos, imágenes o testimonios que revelen su identidad. La protección de su privacidad es innegociable, pero eso no debe confundirse con ocultar responsabilidades o diluir la rendición de cuentas.

La CODHEM aclaró que dará seguimiento al asunto sin sustituir las investigaciones que correspondan a otras autoridades. Reiteró, además, que cualquier señal de violencia contra la niñez debe ser escuchada y atendida de inmediato. La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿esta premisa se cumplió en la práctica en Metepec?

Las familias depositan su confianza diariamente en las escuelas creyendo que son espacios seguros. Cuando se rompe esa confianza y además parece haber demoras, silencios o respuestas insuficientes, el daño se duplica. ¿Nos conformaremos con que se aclaren solo los hechos denunciados, o exigiremos también que se corrijan las fallas institucionales que permitieron que esto llegara hasta aquí?