Metepec, Estado de México. 13 de noviembre de 2026. La administración municipal de Fernando Flores Fernández enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) identificara 50 resultados con presuntas irregularidades en la auditoría de inversión física AIF-040, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

El informe de resultados señala posibles anomalías en procedimientos de contratación, adquisiciones, ejecución de obras públicas y comprobación del gasto, entre ellas documentación que apuntaría a una simulación de procedimientos para aparentar legalidad en la adjudicación de contratos.

Los hallazgos colocan bajo revisión las decisiones administrativas y financieras del gobierno municipal, particularmente por tratarse de recursos que debieron destinarse a servicios, infraestructura y programas en beneficio de los habitantes de Metepec.

Aunque las observaciones todavía pueden ser aclaradas o solventadas por el Ayuntamiento, el número y la naturaleza de los señalamientos generan interrogantes sobre los controles internos y la transparencia con la que se ejerció el presupuesto municipal.

Contratos bajo sospecha y materiales sin comprobar

Entre los puntos más delicados de la auditoría aparecen procedimientos de contratación en los que la documentación presentada no coincide con la modalidad contractual utilizada. Uno de los casos corresponde a la adquisición de materiales para el mantenimiento de bibliotecas, donde el OSFEM encontró inconsistencias entre el procedimiento de invitación restringida y la figura jurídica empleada.

También se identificaron dos instrumentos legales diferentes para un mismo objeto, periodo e importe, situación que compromete la certeza sobre las condiciones en que se formalizaron esas operaciones.

Las observaciones no se limitaron a ese expediente. El organismo fiscalizador encontró situaciones similares en adquisiciones de materiales de construcción y en la contratación de servicios para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y operación de comedores comunitarios.

Otro aspecto preocupante es la falta de documentación suficiente para demostrar que los materiales comprados realmente fueron entregados y utilizados en los espacios públicos señalados.

Entre los lugares relacionados con los expedientes revisados se encuentran delegaciones municipales, bibliotecas, el edificio de la Presidencia Municipal, el Teatro Quimera, la Librería del Fondo de Cultura Económica y distintas oficinas administrativas.

En otras palabras, el problema no solamente está en cómo se contrataron los bienes y servicios, sino también en la capacidad del Ayuntamiento para demostrar qué recibió y cómo aprovechó los recursos públicos.

Obras y presupuesto también generan cuestionamientos

La revisión del OSFEM también puso atención en los trabajos de reparación de vialidades mediante inyección a presión. En estos expedientes se detectaron coincidencias entre las intervenciones contratadas y obligaciones que ya estaban contempladas en contratos anteriores.

Esta situación obliga a revisar por qué se realizaron nuevas contrataciones para trabajos que aparentemente formaban parte de compromisos previamente establecidos.

A ello se suman posibles fraccionamientos de obras y registros presupuestales que no reflejaban adecuadamente el gasto devengado.

En materia financiera, otro dato destaca: el Ayuntamiento reportó un presupuesto aprobado y modificado de 2 mil 192.6 millones de pesos, pero el gasto ejercido llegó a 2 mil 444.5 millones.

La diferencia fue de 251.9 millones de pesos, aproximadamente 11.5 por ciento por encima del presupuesto modificado.

Aunque esta variación no representa automáticamente un daño patrimonial ni demuestra por sí sola una irregularidad, sí exige una explicación clara sobre las modificaciones, autorizaciones y mecanismos contables que permitieron ejercer una cantidad superior a la originalmente modificada.

El manejo de los adeudos de ejercicios anteriores también quedó bajo observación, debido a posibles pagos fuera de los plazos legales y al uso de recursos del ejercicio corriente para cubrir obligaciones anteriores sin el tratamiento presupuestal correspondiente.

¿Quién responde por el dinero de Metepec?

El informe del OSFEM no establece un monto global de daño patrimonial acreditado ni determina que las personas involucradas hayan cometido delitos. El Ayuntamiento todavía tiene la posibilidad de presentar documentación y argumentos para aclarar o solventar los señalamientos.

Sin embargo, las observaciones no deberían convertirse en un simple trámite administrativo que termine sin explicaciones públicas. Si existen documentos que respalden cada contratación, adquisición y obra, corresponde al gobierno municipal presentarlos y demostrar que el dinero fue utilizado correctamente.

En caso de que las irregularidades no sean aclaradas, los hallazgos podrían derivar en investigaciones por presuntas faltas administrativas, responsabilidades económicas y, si se identifican hechos posiblemente delictivos, denuncias ante las autoridades competentes.

La pregunta para los habitantes de Metepec es inevitable: ¿cómo puede una administración municipal exigir confianza ciudadana cuando su ejercicio presupuestal acumula 50 resultados con presuntas irregularidades?

La transparencia no debería depender de que un organismo fiscalizador encuentre inconsistencias. Fernando Flores y su equipo tienen la responsabilidad de explicar qué ocurrió con los recursos públicos y ofrecer respuestas documentadas. Porque el dinero auditado no pertenece a los funcionarios, sino a los ciudadanos que esperan obras, servicios y resultados.

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