Los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos experimentaron un ligero aumento durante el mes de agosto, presentando un desafío para el gobierno de Joe Biden y la campaña de Kamala Harris, especialmente a menos de 70 días de las elecciones del 5 de noviembre. El control fronterizo se ha convertido en uno de los temas más relevantes en los próximos comicios, y esta reciente tendencia al alza podría tener implicaciones significativas para la Administración demócrata.
El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, reconoció este fin de semana un leve repunte en las detenciones en la frontera durante el mes de agosto, aunque aseguró que la situación permanece bajo control. Según Mayorkas, “seguimos registrando el número más bajo de detenciones en la región suroeste desde septiembre de 2020”. No obstante, la cifra de 54,000 personas procesadas por la Patrulla Fronteriza hasta el jueves indica un incremento en comparación con los 56,400 aprehensiones registradas en julio.
Este aumento rompe una tendencia de cinco meses consecutivos de disminución en las detenciones en la frontera, lo que podría reflejar una estabilización en el número de cruces. Con tres días restantes en el mes de agosto, se estima que las detenciones podrían llegar a las 58,000, marcando un desafío para la actual política migratoria.
San Diego, la ciudad fronteriza con Tijuana, México, ha sido nuevamente el epicentro de los cruces ilegales en agosto, continuando su papel protagónico en esta problemática. Otras ciudades como El Paso, Texas, y Tucson, Arizona, también han registrado un aumento significativo en los cruces. Las autoridades anticipan que el flujo migratorio podría incrementarse durante los meses de otoño, cuando las temperaturas más frescas favorecen los desplazamientos.
El aumento en las detenciones podría influir en la política migratoria de la Administración Biden, que ha intentado regular el flujo migratorio a través de diversas medidas. Una de las estrategias ha sido imponer límites al asilo cuando las detenciones diarias superan las 2,500. Esta medida, aunque ha sido criticada por defensores de derechos humanos y sectores progresistas dentro del Partido Demócrata, ha contribuido a una tendencia general a la baja en los últimos meses.
La posibilidad de levantar la prohibición del asilo está cada vez más cerca. Según la orden ejecutiva emitida en junio, esta quedaría sin efecto si se registran siete días consecutivos con 1,500 aprehensiones diarias o menos. En julio, la Administración estuvo cerca de alcanzar este objetivo, pero en agosto la media diaria fue de 1,900 cruces.
En su esfuerzo por manejar el flujo migratorio, el gobierno ha implementado la aplicación CBP One, que permite a los migrantes iniciar su solicitud de entrada desde sus países de origen. Esta herramienta ha facilitado la entrada legal de unas 765,000 personas hasta julio. Además, unos 520,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua han migrado legalmente bajo un programa de parole humanitario, siempre que cuenten con respaldo financiero en Estados Unidos.
La colaboración con países vecinos ha sido fundamental en la estrategia migratoria de Estados Unidos. Alejandro Mayorkas ha destacado la cooperación de países como México, que ha implementado medidas de contención en su frontera sur. También ha habido deportaciones coordinadas con Colombia y Ecuador, lo que ha contribuido a una reducción en el número de migrantes de estos países.
Panamá, por su parte, ha llevado a cabo vuelos de deportación con migrantes detenidos en la selva del Darién, reduciendo el número de personas en esta peligrosa ruta migratoria a niveles no vistos en dos años.
En conclusión, el ligero aumento en los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos en agosto representa un desafío para la Administración Biden, especialmente en un año electoral. A medida que se acercan las elecciones de noviembre, el control fronterizo y las políticas migratorias seguirán siendo temas cruciales de debate. La respuesta de la Administración a este desafío, incluyendo la posibilidad de ajustes en sus políticas actuales, será clave para su futuro político y para la gestión del complejo fenómeno migratorio.
