El aumento sostenido en los costos operativos y laborales del sector gasolinero podría llevar a una revisión del precio máximo de los combustibles en los próximos meses, advirtió Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL) del Valle de Toluca.
De acuerdo con el dirigente empresarial, las estaciones de servicio enfrentan un entorno económico cada vez más complejo, marcado por una inflación propia de la industria que se ubica entre 7% y 10%, además del incremento del 13% al salario mínimo, lo que ha elevado significativamente la carga financiera para los distribuidores.
Entre los principales elementos que están presionando los costos del sector destacan:
-
Incremento en cuotas obrero-patronales y aportaciones al Infonavit
-
Alzas en tarifas de electricidad y diésel
-
Mayores costos en fletes, refacciones y mantenimiento
-
Aumento en los gastos logísticos para la distribución del combustible
Este escenario, explicó Pedraza, ha reducido de manera importante los márgenes de operación, pese a que se mantiene vigente un acuerdo voluntario con el Gobierno Federal, firmado en febrero de 2025, que establece un precio máximo de 23.99 pesos por litro.
El representante de ADIGAL detalló que entre 93% y 95% del precio final que paga el consumidor corresponde directamente al costo del combustible. Esto deja únicamente entre 5% y 7% para cubrir gastos operativos, de los cuales la utilidad real para el empresario se reduce a apenas 2% o 3%.
“No hay un incremento definido ni inmediato”, puntualizó Pedraza, al desmentir versiones que anticipan aumentos abruptos de varios pesos por litro. Aclaró que cualquier posible ajuste deberá analizarse durante la revisión del acuerdo prevista para febrero, tomando en cuenta las condiciones reales del mercado y la viabilidad financiera del sector.
Finalmente, el líder empresarial subrayó la relevancia social y económica de las estaciones de servicio en el Estado de México, donde el sector genera hasta 30 mil empleos directos y más de 70 mil indirectos.
En conclusión, hizo un llamado a realizar una revisión responsable del esquema de precios, que permita mantener la estabilidad laboral y garantizar la continuidad de un sector clave para la movilidad y la economía regional.







