La discusión sobre el futuro de las plataformas de reparto en México volvió a encenderse luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la constitucionalidad del cobro de un 2% a las empresas digitales que entregan mercancías. Aunque el gobierno capitalino asegura que este nuevo cargo no recaerá en repartidores ni usuarios, la medida ya provocó inconformidad y movilización.
La Suprema Corte validó la aplicación de un impuesto del 2% sobre las comisiones que cobran plataformas como Uber Eats, Didi Food, Rappi y similares.
El argumento central es que dichas compañías utilizan y se benefician de la infraestructura urbana calles, avenidas, espacios públicos para operar sus servicios, por lo que es válido que contribuyan económicamente a su mantenimiento.
En otras palabras, el impuesto no se calcula sobre el total del pedido, sino sobre las comisiones que obtienen las plataformas por cada transacción.
La Secretaría de Administración y Finanzas aclaró que el pago corresponde únicamente a las plataformas, recalcando que:
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No será descontado del ingreso de los repartidores.
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No será cargado directamente al cliente final.
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No implica un aumento obligatorio para los comercios afiliados.
Sin embargo, expertos señalan que las empresas podrían trasladar este costo indirectamente, ya sea ajustando tarifas, modificando comisiones o creando nuevos cargos operativos.
A pesar de la postura oficial del gobierno, integrantes de Repartidores Unidos de México (RUM) se manifestaron afuera de la SCJN un día antes de la resolución.
Los repartidores expresaron preocupación por posibles afectaciones económicas indirectas, entre ellas:
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Reducción de ganancias si las empresas ajustan tarifas.
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Cambios unilaterales en las condiciones laborales.
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Mayor precarización del trabajo en plataformas.
Aunque el impuesto no va dirigido a ellos, temen que las compañías busquen compensar el impacto financiero por otros medios.
Oficialmente, no debería subir, pero esto depende de cómo las plataformas decidan absorber o trasladar el nuevo cobro.
Posibles escenarios:
Si las empresas lo absorben
No habría incremento inmediato para clientes ni repartidores, pero sí podría haber ajustes internos o reconfiguración de comisiones a largo plazo.
Si lo trasladan al usuario
Podrían aparecer cargos como:
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Tarifa de “infraestructura urbana”.
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Ajustes en la tarifa de envío.
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Incremento en el costo por servicio.
✔ Si lo trasladan a los repartidores
Aunque está prohibido por ley que el impuesto recaiga en ellos, las plataformas podrían modificar:
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Bonos.
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Tarifas por kilómetro.
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Esquemas de incentivos.
Este impuesto abre un nuevo precedente en México respecto a la fiscalización de servicios digitales.
Entre los impactos más destacados:
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Mayor regulación para plataformas de reparto.
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Posible efecto dominó hacia otros estados del país.
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Tensión creciente entre empresas tecnológicas, repartidores y autoridades.
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Debate sobre derechos laborales en apps de transporte y entrega.
En conclusión, la aprobación del 2% a las comisiones de plataformas digitales marca un nuevo capítulo en la regulación del trabajo y la economía digital en México.
Aunque el gobierno insiste en que ni usuarios ni repartidores pagarán este impuesto, la reacción de los trabajadores y la postura incierta de las plataformas muestran que el impacto real aún está por verse.
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