En un devastador hallazgo en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, un grupo de buscadores de desaparecidos descubrió restos óseos, objetos personales y evidencia de un centro de reclutamiento y exterminio operado por el crimen organizado. Este terreno, previamente investigado por las autoridades, volvió a ser inspeccionado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes encontraron indicios de que allí se perpetraron crímenes atroces.
El colectivo de búsqueda halló libretas con listas de sobrenombres, identificaciones, mochilas y prendas de vestir, lo que sugiere que numerosas personas pasaron por el lugar. Entre las anotaciones había encabezados como “Comando”, “Apoyo” y “Reclutas 74” con menciones de 59 hombres y 9 mujeres, lo que refuerza la teoría de que el sitio servía como un centro de reclutamiento forzado.
Junto con estos documentos, también se encontraron cientos de zapatos y ropa, una imagen escalofriante que recuerda a escenarios de exterminio en conflictos históricos. De acuerdo con Indira Navarro, vocera del colectivo,
“desde el inicio encontramos montículos de ropa y restos calcinados. Este era un lugar de reclutamiento y exterminio”.
Las autoridades federales y estatales habían asegurado el Rancho Izaguirre en septiembre de 2024, pero su investigación no logró detectar los restos humanos que sí encontraron los buscadores la semana pasada. Según el fiscal de Jalisco, Salvador González, en el operativo del año pasado se rescató a dos personas secuestradas y se detuvo a 10 sospechosos, pero no se realizaron excavaciones exhaustivas.
Este nuevo hallazgo ha generado indignación y ha puesto en duda la eficacia de la investigación oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que es “terrible” lo ocurrido y exigió una revisión del actuar de la fiscalía estatal.
Se presume que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaba este sitio para el entrenamiento de nuevos miembros. Testimonios indican que los jóvenes eran llevados al rancho con ofertas de trabajo falsas y sometidos a torturas y pruebas violentas para “probar su lealtad”.
Las investigaciones actuales han identificado un campo de entrenamiento táctico en el predio, así como chalecos antibalas, armas y casquillos. Además, se descubrió una técnica de ocultamiento de cuerpos, donde los restos eran calcinados y enterrados bajo una capa de ladrillo y tierra.
Hasta el momento, no se ha determinado el número exacto de víctimas, pero las pruebas forenses serán clave para identificarlas. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de desaparecidos están presionando para que las investigaciones continúen de manera transparente y sin impunidad.
El Fiscal General Alejandro Gertz anunció una investigación federal para determinar si el caso será asumido por el gobierno federal o continuará en manos de la Fiscalía de Jalisco.
“En un plazo muy razonable vamos a tener información general y antes de hacer cualquier atracción lo vamos a dar a conocer”, afirmó Gertz.
Por su parte, los colectivos de búsqueda continúan analizando las pruebas y solicitando acceso a la información para identificar posibles víctimas.
El hallazgo del Rancho Izaguirre expone una cruel realidad de la crisis de desapariciones en México. La negligencia en las investigaciones previas y la posibilidad de que más sitios como este existan hacen urgente una respuesta contundente del Estado para frenar la impunidad y garantizar justicia a las víctimas.
En conclusión, este caso también deja en evidencia el papel fundamental de los colectivos de búsqueda, que con pocos recursos pero gran determinación, han logrado lo que las autoridades no pudieron. Su trabajo incansable no solo honra la memoria de los desaparecidos, sino que también mantiene viva la esperanza de encontrar la verdad.
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