La Delegación Estado de México del Instituto Federal de Defensoría Pública no vivía un huracán visible, pero sí uno que se sentía en los pasillos: tensión, inconformidad y un desgaste que ya no cabía bajo la alfombra institucional. El reciente acuerdo oficial que ordena la readscripción del delegado Ananías López Hernández a Baja California Sur es la evidencia formal de un derrumbe silencioso que venía acumulándose en sus cimientos desde hace tiempo.
Un liderazgo que dejó de unir y empezó a fracturar
El documento es contundente: hubo un “aumento significativo de inconformidades”, recurrentes y sistemáticas, provenientes del propio personal de la delegación. No se trató de una queja aislada, ni de tensiones normales en ambientes de alta carga laboral. El texto institucional revela una crisis interna sostenida, marcada por problemas tan básicos como la falta de comunicación asertiva, una organización deficiente y un ambiente de trabajo negativo que terminó por encender alarmas en niveles superiores.
En un organismo donde la labor diaria implica defender derechos y brindar seguridad jurídica, resultó especialmente grave que dentro de la propia delegación reinara una dinámica que hacía imposible exigir cooperación, coordinación o confianza. El ambiente laboral, según el acuerdo, se volvió incompatible con el servicio público que la institución está obligada a garantizar.
Cifras que pesan más que el puesto
El diagnóstico no se queda en percepciones: también hay números. Bajo la conducción de López Hernández, la Delegación Estado de México se ubicó entre los últimos lugares del país tanto en efectividad de asesoría jurídica (29 de 32) como en obtención de datos de prueba (23 de 32), a pesar de ser una de las delegaciones con mayor personal y mayor carga de trabajo.
La institución señala que diversas políticas fundamentales no fueron implementadas por él, dejando a la delegación rezagada frente a otras con menos recursos humanos, menos asuntos y menos responsabilidad operativa. El contraste entre su larga trayectoria y los resultados obtenidos no favorece su gestión.
Una reubicación que suena más a control de daños que a simple movimiento administrativo
Aunque el acuerdo insiste en que la readscripción no implica responsabilidad administrativa, también admite que la permanencia del delegado podría generar la percepción de encubrimiento y que moverlo ayuda a evitar la normalización de posibles prácticas indebidas o ineficientes.
Si la institución necesita mover a su titular para “restaurar el buen funcionamiento” y “recuperar confianza”, el mensaje es claro: la gestión de López Hernández dejó heridas que la propia estructura institucional prefiere sanar a distancia.
Cuando el desgaste ya no puede ocultarse
El documento describe la medida como un esfuerzo para recomponer un entorno deteriorado y evitar que el daño se extienda al servicio público, a los usuarios y al propio personal. En pocas palabras, la delegación necesitaba oxígeno, y la salida del delegado era el primer paso para abrir ventanas y ventilar lo que se había viciado en exceso.
La figura de Ananías López Hernández, según el propio texto, se convirtió en un punto de tensión: un liderazgo que ya no cohesionaba, sino que dividía; que ya no impulsaba, sino que estancaba; que ya no aseguraba la confianza, sino que la ponía en riesgo.
El final de un ciclo que terminó quebrándose desde adentro
La readscripción hacia Baja California Sur puede parecer un movimiento administrativo más, pero el acuerdo exhibe algo más profundo:
un liderazgo que perdió el rumbo y dejó tras de sí un ambiente laboral en ruinas, un equipo fragmentado y resultados que están lejos de la expectativa institucional.
Para la Delegación Estado de México, el cambio llega tarde, pero llega.
Para Ananías López Hernández, el traslado es más que un cambio de oficina: es el cierre de una etapa marcada por una gestión cuestionada desde dentro y señalada en un documento público que busca, sin decirlo explícitamente, poner orden donde su administración dejó turbulencias.
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