Colectivos del Edomex rechazan aumento en tarifa del transporte público

Protestas - Manifestaciones
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El reciente incremento en la tarifa del transporte público en el Estado de México que desde este miércoles se estableció en 14 pesos por viaje mínimo ha generado inconformidad entre diversos colectivos ciudadanos que defienden el derecho a una movilidad justa y accesible.

De acuerdo con Dante Álvarez, integrante de la organización No al Tarifazo, el alza autorizada por el gobierno estatal carece de fundamentos técnicos y representa una carga económica adicional para miles de usuarios que dependen del transporte público diariamente.

El activista informó que en los próximos días presentarán un recurso de amparo para intentar frenar la medida. Además, destacó que el colectivo Proyecto Migala Estado de México ya interpuso una acción legal similar ante las instancias correspondientes, en busca de proteger los derechos de los usuarios.

Álvarez señaló que, de prosperar el amparo, podría sentarse un precedente histórico en materia de movilidad, ya que hasta la fecha no existe en México una resolución judicial que haya revertido un incremento tarifario de este tipo.

Los representantes de los colectivos argumentan que el gobierno estatal no ha cumplido con las condiciones necesarias para justificar el aumento, como la mejora en la calidad, seguridad y frecuencia del servicio.

Los colectivos por la movilidad manifestaron que continuarán con movilizaciones pacíficas, foros ciudadanos y acciones legales para exigir una revisión integral del sistema de transporte antes de aprobar nuevos ajustes a las tarifas.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a la defensa del derecho a una movilidad segura, accesible y digna, recordando que el incremento impacta de manera directa en los sectores más vulnerables de la población mexiquense.

En conclusión, el gobierno del Estado de México argumentó que el ajuste busca compensar los costos operativos del transporte y mejorar el servicio. Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que, sin una supervisión efectiva ni planes de modernización, el aumento solo beneficia a los concesionarios y no a los usuarios.

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