El Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristobal Castañeda, reveló una preocupante realidad sobre el sistema penitenciario de la entidad: los 21 centros penitenciarios del estado enfrentan una sobrepoblación del 150%. Esta situación plantea un desafío significativo para las autoridades y requiere soluciones que equilibren la seguridad con la dignidad de las personas privadas de su libertad.
El problema de la sobrepoblación carcelaria no es exclusivo del Estado de México, pero alcanza una magnitud preocupante en esta región. La capacidad de los centros penitenciarios ha sido ampliamente superada, lo que genera condiciones adversas para los internos, como hacinamiento, insuficiencia en servicios básicos y dificultades en la rehabilitación efectiva.
El Secretario Castañeda descartó la posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios como una solución inmediata. En su lugar, la Secretaría de Seguridad apuesta por la ampliación y mejora de las instalaciones existentes. Esta estrategia responde a la complejidad que implica construir un nuevo penal, como encontrar terrenos adecuados, realizar estudios de factibilidad y desarrollar la infraestructura necesaria, un proceso que podría demorar varios años.
“La intención es mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad,” declaró el funcionario durante una visita al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez.
Las condiciones de hacinamiento no solo afectan la calidad de vida de los internos, sino que también impactan negativamente en los programas de rehabilitación. La sobrepoblación limita el acceso a talleres, actividades educativas y programas psicológicos, esenciales para la reinserción social. Adicionalmente, genera un mayor riesgo de conflictos internos y dificulta la labor de las autoridades penitenciarias.
El enfoque en la ampliación de las instalaciones existentes es una medida que podría ofrecer resultados a mediano plazo. Sin embargo, para abordar la crisis de manera integral, es necesario combinar estas acciones con otras estrategias, como la implementación de penas alternativas para delitos menores, la mejora en los procesos judiciales para evitar prisiones preventivas prolongadas y el fortalecimiento de los programas de rehabilitación.
En conclusión, la sobrepoblación carcelaria en el Estado de México es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia y seguridad en el país. La decisión de la Secretaría de Seguridad de priorizar la ampliación de los centros existentes es un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la ejecución eficiente y de un enfoque integral que garantice la dignidad y rehabilitación de los internos. Solo así se podrá construir un sistema penitenciario más justo y efectivo en el futuro.
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