En Cuautitlán Izcalli, la administración encabezada por el presidente municipal Daniel Serrano Palacios ha suscitado una creciente polémica debido a la forma en que maneja los recursos del presupuesto público. A pesar de sus promesas de una distribución equitativa, los recientes movimientos financieros dentro del cabildo del municipio han dejado al descubierto una estrategia que parece más enfocada en asegurar su poder político que en cumplir con los principios de justicia y equidad. La disparidad en las asignaciones salariales entre los miembros del cabildo, particularmente la elevada cantidad destinada a la síndica de Morena, Mary Barbosa, es un claro ejemplo de cómo el presupuesto se ha convertido en una herramienta para reforzar alianzas políticas y asegurar lealtades dentro del gobierno local.
El Contexto del Reparto del Presupuesto
En un primer vistazo a las cifras de asignación de recursos, se observa que la síndica Mary Barbosa recibió una asignación mensual de 215 mil pesos para contratar personal de apoyo, una cantidad que más que duplica los 96 mil 911 pesos que recibe el segundo síndico, Óscar Casillas del PRI. Este hecho pone en evidencia un fuerte desequilibrio, especialmente cuando consideramos que la asignación para la síndica de Morena se destina a fines personales, en lugar de servir a una causa colectiva, como sería esperado de un cargo público.
Este hecho, lejos de ser una casualidad, resalta la clara preferencia por ciertos perfiles dentro del cabildo, específicamente aquellos afines al partido de Serrano, Morena. El presupuesto, que debería reflejar una distribución justa y transparente de los recursos, parece estar siendo manipulado para reforzar el control político de aquellos que están alineados con los intereses de la administración actual.
El Reparto Desigual:
Un análisis más detallado de los montos asignados a los regidores revela una clara tendencia: mientras algunos miembros del cabildo reciben cifras generosas, otros reciben montos considerablemente menores. Por ejemplo, los regidores de Morena, como Fernando Ugalde (101 mil 460 pesos), Karent Paz (100 mil 596 pesos) y Patricia Madrigal (100 mil 658 pesos), gozan de asignaciones bastante elevadas. En contraposición, otros miembros de partidos opositores como el PAN, PRI y PRD reciben montos significativamente más bajos, como Ely Quintana (71 mil 241 pesos) y Elieth Casique (74 mil 400 pesos). Esta disparidad plantea serias dudas sobre la transparencia y la equidad en la distribución de los recursos.
Lo que llama aún más la atención es la asignación de 102 mil 848 pesos al regidor del PRD, Christopher Moreno, quien, a pesar de pertenecer a un partido distinto al de la administración de Serrano, recibe una cifra por encima de algunos otros regidores de Morena. Esto podría interpretarse como un intento de mantener cierto equilibrio político, pero al mismo tiempo evidencia cómo el presupuesto sigue siendo utilizado como un instrumento de control.
El Uso del Presupuesto Como Instrumento de Lealtad
La estrategia de Serrano parece clara: utilizar el presupuesto municipal como una herramienta de control político. A través de estas asignaciones, no solo se favorece a miembros de su propio partido, sino que se busca asegurar que los aliados más cercanos reciban recursos suficientes para mantenerse leales. Esta manipulación de los fondos públicos genera una imagen de clientelismo político, donde los recursos destinados para el bienestar de los ciudadanos se redirigen hacia aquellos que brindan apoyo al presidente municipal.
Este tipo de prácticas no solo va en contra de los principios de transparencia y justicia, sino que también pone en peligro la verdadera democracia local. Los recursos que deberían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, construir infraestructura y fortalecer los servicios públicos, se destinan a reforzar las bases del poder político de Serrano y sus aliados.
La Falta de Transparencia
Uno de los elementos más preocupantes de esta situación es la falta de transparencia en el proceso de asignación del presupuesto. No se han proporcionado explicaciones claras sobre por qué ciertas personas, especialmente dentro del grupo de Morena, reciben asignaciones significativamente más altas que otros miembros del cabildo. Esta opacidad no solo es sospechosa, sino que genera una atmósfera de desconfianza en los ciudadanos, quienes empiezan a cuestionar si realmente están siendo representados de manera justa.
El hecho de que no se justifiquen estas disparidades solo alimenta la percepción de que el dinero de los contribuyentes está siendo mal utilizado para fines políticos y no para el desarrollo del municipio. La falta de rendición de cuentas en torno a estas decisiones agrava aún más la situación y demuestra una vez más que, bajo la administración de Daniel Serrano, el interés político está por encima del bienestar colectivo.
Las Consecuencias para la Gobernabilidad
El uso del presupuesto como una herramienta de control político no solo es un abuso de poder, sino que también tiene consecuencias graves para la gobernabilidad de Cuautitlán Izcalli. Cuando los recursos públicos se utilizan para asegurar lealtades en lugar de para mejorar la vida de los ciudadanos, se debilita la confianza en las instituciones y se crea un ambiente de polarización política.
La distribución inequitativa del presupuesto también puede generar tensiones dentro del cabildo, creando divisiones entre los regidores que se sienten ignorados o subestimados por la administración. Esto no solo afecta la cooperación interna, sino que también puede reducir la eficacia del gobierno municipal, ya que los intereses particulares reemplazan a las necesidades de la comunidad.
El presupuesto municipal no debería ser una herramienta de manipulación política, sino un instrumento para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Bajo la administración de Daniel Serrano, sin embargo, hemos visto cómo este recurso público se utiliza para consolidar un poder político, premiando a quienes apoyan sus intereses y dejando de lado a aquellos que no siguen su línea. La falta de transparencia, la desigualdad en la asignación de recursos y el evidente uso político del presupuesto son prácticas que deben ser condenadas, ya que ponen en riesgo la democracia y el bienestar de los habitantes de Cuautitlán Izcalli.
Es momento de exigir responsabilidad y transparencia en la administración de los recursos públicos. Los ciudadanos merecen una gestión que priorice sus necesidades y no los intereses de unos pocos. La política debe estar al servicio del pueblo, no del poder personal.
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