Tras casi un año de silencio, salen a la luz dos denuncias contra José Oswaldo Hernández Noguez, director regional de Programas para el Bienestar y excandidato a la presidencia municipal de Jilotepec por la coalición Morena-PT-PVEM. Las acusaciones señalan un presunto uso indebido de recursos federales para impulsar sus aspiraciones políticas.
Acusaciones formales ante autoridades electorales y derechos humanos
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Hernández Noguez fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR). Sus detractores lo acusan de haber utilizado los programas sociales del gobierno federal —que supervisa como funcionario— para favorecer su campaña política, lo que sería un claro conflicto con la normatividad electoral vigente.
Paralelamente, otra queja fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En este caso, se acusa al exaspirante de aprovechar su posición para promoverse en detrimento de los principios de igualdad y no discriminación, al manipular la entrega de tarjetas y apoyos de programas sociales para beneficiar exclusivamente a simpatizantes.
Rechazo electoral y uso recurrente de recursos oficiales
En las elecciones municipales de 2024, Hernández Noguez vio frustrada su intención de gobernar Jilotepec, luego de que el priista Rodolfo Nogués Barajas lograra la reelección. Sin embargo, las denuncias sugieren que, pese al resultado electoral, el exfuncionario continúa utilizando los recursos públicos a su disposición para mantenerse visible en las comunidades más vulnerables del municipio.
Esta situación genera preocupación entre la población local y especialistas en transparencia, quienes demandan mayor vigilancia para evitar que la administración pública sea utilizada con fines electorales.
¿Quién frenará estas prácticas?
El caso de José Oswaldo Hernández Noguez pone sobre la mesa un tema recurrente en la política regional: el uso indebido de recursos públicos para fines particulares. La insistencia en promocionarse mediante programas sociales en zonas con alta marginación podría significar un abuso del poder institucional.
Las autoridades correspondientes deberán investigar a fondo y actuar conforme a la ley para garantizar que no se repitan estas prácticas y que la equidad electoral se respete en Jilotepec y en todo México.
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