Lo que alguna vez se presentó como un gobierno cercano, incluyente y comprometido con la justicia social, hoy se encuentra cada vez más envuelto en un ambiente de escándalos, señalamientos y acusaciones formales. El discurso del alcalde Daniel Serrano Palacios, que prometía representar un verdadero “gobierno del pueblo y para el pueblo”, parece alejarse día a día de la realidad que enfrentan los ciudadanos izcallenses.
Una nueva denuncia penal por discriminación en el corazón del gobierno
Esta vez, una denuncia penal por presunta discriminación ha puesto nuevamente bajo los reflectores a la administración municipal. La querella fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y tiene como protagonista a una funcionaria de alto nivel: Juana Ignacia N., titular de una dependencia municipal, acusada de hostigamiento, malos tratos y actos de discriminación motivados políticamente.
Según los primeros reportes, las conductas señaladas habrían sido cometidas contra una subordinada, presuntamente por razones ideológicas o de afinidad política, lo que agrava el contexto de intolerancia que ya se ha denunciado en múltiples ocasiones dentro del Ayuntamiento.
Una administración bajo constante señalamiento
Esta denuncia no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de episodios que han desgastado la credibilidad del gobierno de Daniel Serrano. La constante rotación de personal, el creciente número de denuncias internas, y el descontento de diversos sectores ciudadanos dibujan un panorama preocupante: un gobierno que promueve la exclusión y persigue la disidencia.
Lejos de garantizar un ambiente de trabajo digno y plural, los testimonios y quejas públicas evidencian un estilo de gestión autoritario, donde las diferencias ideológicas no solo no se respetan, sino que parecen ser castigadas activamente.
La distancia entre el discurso y la realidad
En actos públicos y redes sociales, Serrano Palacios insiste en presentarse como un defensor de las causas sociales, pero cada nuevo escándalo deja más claro que esa narrativa se ha convertido en una fachada difícil de sostener. Las promesas de equidad, transparencia y justicia parecen haberse quedado en el papel.
En lugar de consolidar un gobierno democrático, la administración de Cuautitlán Izcalli muestra signos de represalias internas, falta de rendición de cuentas y una creciente desconexión con las verdaderas demandas ciudadanas.
¿Dónde queda la justicia social?
Para muchos habitantes de Cuautitlán Izcalli, las banderas de justicia social y equidad que se enarbolaron al inicio de esta administración han terminado siendo meros recursos retóricos, sin sustento en políticas públicas reales o en prácticas institucionales responsables.
En un contexto donde el respeto a los derechos humanos y laborales debería ser prioridad, los casos como el de Juana Ignacia N. no solo manchan la imagen del gobierno local, sino que cuestionan la legitimidad del proyecto político que encabeza Daniel Serrano Palacios.
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