Por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Magistrado de Circuito adscrito al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
En el debate público sobre la justicia en México solemos centrar la atención en jueces, fiscales, defensores y reformas legales. Sin embargo, existe un actor esencial del sistema de justicia que históricamente ha sido relegado en el diseño institucional, el discurso político y, sobre todo, la garantía de condiciones laborales dignas: el policía.
Hablar de dignidad laboral del policía no es un asunto administrativo ni sindical; es un tema de justicia estructural. Los agentes policiales, son el primer eslabón del sistema de justicia penal. Sin su intervención profesional, legal y oportuna, el resto del engranaje simplemente no funciona. No hay investigación sin un primer respondiente, no hay proceso sin detención legal, no hay sentencia legítima si el origen del caso está viciado por prácticas precarias o por condiciones indignas de trabajo.
Paradójicamente, a quien se le exige actuar con legalidad, respeto a los derechos humanos, capacidad técnica y fortaleza ética, se le mantiene en muchos casos bajo esquemas laborales frágiles: salarios insuficientes, jornadas excesivas, falta de seguridad social integral, capacitación deficiente y una permanente exposición al riesgo físico y jurídico. Esta contradicción mina no solo la moral policial, sino la credibilidad misma del sistema de justicia.
Desde la perspectiva judicial, es imposible ignorar que muchas fallas procesales tienen su origen en la precariedad estructural del trabajo policial. Un policía mal pagado, mal capacitado y sin respaldo institucional es más vulnerable a la corrupción, al abuso de poder o al error. Tales errores no son abstractos: se traducen en detenciones ilegales, pruebas mal integradas, violaciones a derechos humanos y, finalmente, en procesos que colapsan en los tribunales.
Por tanto, la dignidad laboral del policía es condición necesaria para la vigencia del Estado de Derecho. No puede haber legalidad en la calle si el propio Estado incumple con quienes están encargados de hacerla valer. Exigir profesionalismo sin ofrecer condiciones dignas es una forma de injusticia institucional que termina afectando a toda la sociedad.
Además, la narrativa que reduce al policía a un simple ejecutor de la fuerza ignora su papel como garante de derechos. En el modelo constitucional actual, el policía no solo previene el delito; también protege víctimas, preserva la escena del crimen, respeta la presunción de inocencia y actúa bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esta carga constitucional exige reconocimiento material, jurídico y social.
Durante mi trayectoria profesional, he observado cómo el trabajo policial bien hecho fortalece los procesos judiciales y cómo su ausencia o deficiencia los debilita. Por ello, la discusión sobre justicia no puede seguir excluyendo a la policía de manera sistemática. La reforma judicial será incompleta mientras no se traduzca en una reforma profunda a las condiciones laborales, formativas y humanas de quienes están en la primera línea.
Dignificar al policía no significa justificar abusos ni renunciar al control judicial; significa fortalecer la legalidad desde su origen. Significa reconocer que la justicia no comienza con la sentencia, sino con el primer contacto del Estado con la ciudadanía. Y ese contacto, casi siempre, tiene rostro policial.
La deuda sigue pendiente. Saldarla no es un acto de concesión, sino un ejercicio de coherencia con los principios constitucionales que decimos defender. Un sistema de justicia que aspire a ser legítimo no puede sostenerse sobre la precariedad de quienes lo mantienen desde la calle.
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