Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, destacó al Estado de México como una de las entidades con un alarmante índice de homicidios dolosos. Durante el primer bimestre del año, se registraron 418 casos, situándolo solo detrás de Guanajuato, que encabeza la lista con 481 incidentes. Este dato no solo es revelador sino también preocupante, especialmente cuando se pone en contraste con declaraciones previas de funcionarios estatales.
Uno de los municipios que más ha visto incrementada esta cifra en el país es Tultitlán, marcando un punto crítico en la lucha contra la violencia y la delincuencia. Este aumento contradice directamente la imagen de seguridad y estabilidad promulgada por ciertos sectores del gobierno estatal.
Delfina Gómez Álvarez, actual gobernadora del Estado de México, ha sido objeto de críticas ante estos números, que parecen desmentir la percepción de un territorio en calma y en condiciones óptimas para el bienestar de sus habitantes. Esta situación se complica aún más con las afirmaciones de Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, quien sostiene que la entidad se encuentra en un estado de paz y tranquilidad. La discrepancia entre las cifras federales y las declaraciones estatales abre un debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas en el Estado de México y la veracidad de la información proporcionada a la ciudadanía.
Este escenario refleja no solo la necesidad de una revisión profunda y detallada de las políticas de seguridad pública sino también de una mayor transparencia y coordinación entre los niveles de gobierno. La seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos, y su garantía es indispensable para el desarrollo social y económico de cualquier entidad. El aumento de los homicidios dolosos es un llamado de atención que requiere de acciones concretas, inmediatas y efectivas para revertir esta tendencia.
Además, es fundamental que se establezca un diálogo abierto y constructivo entre los diferentes órganos de gobierno, así como con la sociedad civil, para desarrollar estrategias integrales que atiendan no solo las consecuencias sino también las causas raíz de la violencia. La colaboración y el trabajo conjunto son esenciales para restaurar la paz y la seguridad en el Estado de México.
