La reciente designación de Efrén Sánchez López como nuevo Procurador de la Defensa del Trabajo del Estado de México ha encendido una tormenta de críticas entre la comunidad universitaria y defensores de derechos humanos. A pesar de contar con credenciales académicas, el nombramiento del ex alcalde de Almoloya de Juárez ha generado profunda indignación por los serios señalamientos que arrastra desde su paso por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
Un nombramiento manchado por el pasado
Lo que debería ser una posición de confianza y defensa de los derechos laborales, ha sido otorgada a un personaje vinculado con acusaciones de acoso sexual, hostigamiento y extorsión. El nombre de Sánchez López apareció en múltiples denuncias durante las protestas feministas universitarias que sacudieron a la UAEMéx, cuando era subdirector académico en la Facultad de Derecho. Estos señalamientos no fueron meras habladurías: existen al menos tres carpetas de investigación abiertas, mismas que fueron judicializadas, pero cuyo destino ha quedado en el limbo.
A la fecha, ni la Fiscalía del Estado de México ni el Poder Judicial han ofrecido claridad sobre el curso de esos expedientes. Este silencio institucional ha generado suspicacias y avivado el malestar entre las víctimas y quienes defienden sus derechos. La costumbre de omitir apellidos y ocultar responsabilidades bajo el genérico “Efrén N.” sólo ha reforzado la percepción de impunidad.
Silencio oficial, memoria colectiva
Aunque legalmente el caso parece estancado, la memoria colectiva no ha olvidado. En los pasillos universitarios sigue hablándose del retiro forzado de Sánchez López de su cargo en la UAEMéx, derivado precisamente de esas denuncias que hoy parecen enterradas por conveniencia política.
La indignación se ha reavivado tras su nombramiento, especialmente entre las alumnas de Derecho, donde circulan pliegos petitorios exigiendo su inmediata destitución. La comunidad universitaria, una de las más activas del Valle de Toluca en causas sociales, ya se prepara para manifestaciones públicas en repudio a lo que consideran una afrenta contra las víctimas y una burla a la justicia.
¿Premiar al agresor?
Nombrar a una figura tan polémica en un puesto que implica defender los derechos de los trabajadores, especialmente en un contexto donde tantas mujeres han sido víctimas de violencia laboral y sexual, no solo es una mala decisión política: es una señal alarmante de insensibilidad institucional.
El mensaje que se envía es claro y preocupante: los antecedentes no importan si tienes conexiones o historial político. Mientras tanto, las víctimas no solo no reciben justicia, sino que deben soportar ver a su presunto agresor recompensado con poder y autoridad.
Lo que está en juego
Más allá del escándalo mediático o las marchas por venir, lo que está verdaderamente en juego es la confianza en las instituciones. ¿Puede una víctima de acoso sentirse segura buscando apoyo en una Procuraduría liderada por alguien con antecedentes como los de Sánchez López?
Las organizaciones feministas y colectivos estudiantiles ya han anunciado su postura: no callarán. Y, como suele ocurrir cuando la justicia falla, la presión social en las calles podría ser la única forma de revertir un nombramiento tan cuestionado.
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