El combate a la corrupción en México ha sido una de las prioridades nacionales en los últimos años, especialmente tras la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), derivados de las reformas constitucionales en materia de transparencia aprobadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos, un número significativo de estos sistemas todavía se encuentra incompleto, poniendo en evidencia la necesidad de una mayor coordinación y transparencia en los gobiernos locales.
Hasta el día de hoy, 23 de los 32 Sistemas Locales Anticorrupción en México siguen sin completar las designaciones necesarias para su correcto funcionamiento. De acuerdo con cifras de la organización Mexiro A.C., solo cuatro entidades federativas —Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco— han logrado cumplir en su totalidad con los requisitos de transparencia que se exigen para combatir la corrupción de manera efectiva. Estas entidades han demostrado un compromiso con la transparencia activa, publicando la información completa y accesible para la ciudadanía.
A pesar de los avances en algunas regiones, 24 estados presentan niveles de transparencia reactiva. Esto significa que, aunque han cumplido de manera parcial con los elementos requeridos, la información no siempre está disponible de manera proactiva o accesible, lo que limita el impacto de los Sistemas Locales Anticorrupción.
Por otro lado, dos entidades federativas, Morelos y Nuevo León, destacan por sus niveles nulos de transparencia, lo que representa un serio obstáculo en el combate a la corrupción en estas regiones. La falta de cumplimiento de las normativas en estos estados subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que todos los Sistemas Locales Anticorrupción operen de manera efectiva.
Uno de los puntos clave que la organización Mexiro A.C. resalta es la necesidad de integrar una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos en los Sistemas Locales Anticorrupción. Incorporar estas dimensiones no solo es crucial para asegurar la equidad y justicia en el acceso a la información, sino también para combatir la corrupción de manera más integral. La corrupción impacta de manera desproporcionada a ciertos grupos, especialmente a las mujeres y a las comunidades más vulnerables. Integrar estos enfoques en las políticas públicas puede potenciar la lucha contra la corrupción tanto a nivel local como nacional.
La transparencia es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción. Un sistema de transparencia activo y accesible permite que los ciudadanos estén mejor informados y que puedan exigir rendición de cuentas a sus gobiernos. Sin embargo, como se evidencia en el caso de México, el reto sigue siendo garantizar la implementación completa de los Sistemas Locales Anticorrupción y asegurar que estos cumplan con los más altos estándares de transparencia.
En conclusión, el panorama actual de los Sistemas Locales Anticorrupción en México refleja tanto avances significativos en algunas regiones como grandes retos en otras. La transparencia proactiva debe ser un objetivo prioritario para todos los estados, y la integración de enfoques de género y derechos humanos puede fortalecer aún más este proceso. La lucha contra la corrupción en México dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para cumplir con estas exigencias y garantizar que los sistemas anticorrupción operen de manera eficiente y justa.
