El Consejo de la Unidad de Asuntos Internos de la FGJ CDXM ha llevado a cabo una profunda limpieza institucional durante el primer trimestre del año. Según informes oficiales, este periodo se caracterizó por la imposición de 43 sanciones internas a servidores públicos, evidenciando un compromiso irrefutable con el mantenimiento de la ética y la legalidad dentro de la institución.
Ulises Lara López, quien actualmente ocupa el cargo de suplente del titular de la Fiscalía, compartió detalles críticos sobre las acciones emprendidas por la Unidad de Asuntos Internos. Destacó la implementación de seis amonestaciones y 18 suspensiones, enfatizando la seriedad con la que se abordan las infracciones al Régimen Disciplinario del Personal Sustantivo. Estas medidas no solo reflejan la rigurosidad del proceso interno, sino que también subrayan la determinación de la Fiscalía por preservar su integridad estructural y funcional.
La decisión de imponer 19 destituciones, afectando a un total de 15 agentes ministeriales, dos oficiales secretarios y dos peritos, marca un hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de la entidad. Lara López aseguró que todos los casos fueron sujetos a un proceso investigativo exhaustivo, culminando en un procedimiento disciplinario donde se garantizó a los implicados su derecho al debido proceso. La celebración de audiencias de pruebas y alegatos permitió una evaluación justa y transparente de las imputaciones, aunque las evidencias presentadas resultaron insuficientes para desacreditar las acusaciones.
La firmeza con la que se han enfrentado estas conductas inapropiadas refleja el compromiso inquebrantable de la Fiscalía General de Justicia con los principios de legalidad y justicia. Al no tolerar desviaciones de la normativa interna, la institución refuerza su dedicación a investigar y sancionar actos que atenten contra los valores fundamentales del sistema judicial.
Este enfoque disciplinado hacia la gestión interna no solo aspira a erradicar la impunidad, sino que también busca restaurar la confianza pública en las instituciones de justicia. La transparencia y la responsabilidad se erigen como pilares fundamentales en este proceso de renovación, delineando un futuro donde la justicia prevalece sobre la corrupción y la mala conducta.
