La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso una reforma legislativa con el objetivo de prohibir que gobiernos extranjeros difundan publicidad en medios nacionales. Esta decisión se da tras la difusión reciente de mensajes televisivos provenientes del gobierno de Estados Unidos, encabezado por la administración Trump, en los que se desalienta la migración indocumentada hacia ese país.
Durante una declaración pública, la mandataria explicó que esta iniciativa busca reponer un artículo previamente derogado que impedía este tipo de propaganda en el territorio nacional.
“Hemos decidido reponer el artículo y ponerlo nuevamente en la ley (…). Parte de las reformas que vamos a enviar hoy o mañana al Congreso tienen como propósito que ningún gobierno extranjero, ninguna entidad en ningún gobierno extranjero, pueda pagar para difundir estos anuncios”, declaró Sheinbaum.
La presidenta subrayó que el contenido de estos mensajes ha sido calificado como discriminatorio por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por lo que consideró urgente frenar su circulación en medios nacionales, particularmente en la televisión abierta, donde se ha detectado su mayor presencia.
La legislación mexicana ya contemplaba una prohibición similar hasta 2014, año en que se eliminó el artículo correspondiente. Sin embargo, ante el uso reciente de los medios mexicanos para transmitir mensajes extranjeros con contenido discriminatorio y propagandístico, el gobierno federal busca restituir esa protección.
Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo federal ya envió invitaciones formales a medios de comunicación nacionales solicitando el retiro inmediato de estos spots patrocinados por gobiernos extranjeros.
De ser aprobada por el Congreso, esta reforma significaría un refuerzo a la soberanía comunicacional del país, impidiendo que intereses externos influyan en la percepción pública nacional a través de campañas pagadas. Además, podría establecer sanciones para quienes difundan contenidos financiados por entes gubernamentales extranjeros sin regulación.
En conclusión, la medida también abre el debate sobre la ética y la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la difusión de contenidos potencialmente lesivos para los derechos humanos de grupos vulnerables, como es el caso de los migrantes.
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