En los primeros nueve meses de 2024, México ha sido testigo de un preocupante incremento en la violencia política, con Guerrero posicionándose como la entidad con mayor número de agresiones en el país. Según un reporte de la organización Data Cívica, se han registrado 60 ataques en este estado, lo que representa el 11% de los casos a nivel nacional. Estos incidentes incluyen asesinatos, ataques armados, secuestros y atentados dirigidos hacia funcionarios públicos, militantes de partidos políticos, candidatos y sus familiares.
El estado de Guerrero, ubicado en la región suroeste de México, ha sido el escenario de numerosos actos de violencia política en lo que va del año. Chilpancingo, la capital del estado, ha concentrado gran parte de estos actos, acumulando 10 víctimas, lo que representa el 10% de los ataques en la entidad. Por su parte, Acapulco, un municipio de gran relevancia turística y económica, registró nueve agresiones, ubicándose como una de las zonas con más violencia en el estado.
Los asesinatos recientes del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y del secretario del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, perpetrados este mes, han encendido aún más las alarmas sobre la creciente inseguridad en el estado.
Además de Guerrero, otros estados han experimentado altos niveles de violencia política. Chiapas se posiciona como la segunda entidad con más casos, registrando 55 incidentes, seguida por Puebla, con 49. Otros estados gravemente afectados incluyen Guanajuato (46 casos), Morelos (33), Michoacán (31), y Veracruz (26).
En lo que va de 2024, 509 víctimas de violencia política han sido documentadas en todo el país. Aunque esta cifra es inferior a las 570 víctimas registradas durante todo 2023, el problema persiste, especialmente en el ámbito municipal. El 78% de las víctimas de este año eran personas que ocupaban o competían por puestos de elección popular a nivel municipal, una tendencia que refleja la vulnerabilidad de los políticos locales ante la violencia y la intimidación.
La violencia política no cesó tras las elecciones del 2 de junio de 2024. De hecho, Data Cívica observó que los funcionarios electos siguieron siendo blanco de agresiones. Entre los casos más impactantes figuran los asesinatos de Israel Cruz Carrizosa, regidor por Movimiento Ciudadano en Tultepec, Estado de México, y de Roberto Maldonado Siller, síndico electo de Morena en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El caso de Leonardo Maldonado, alcalde electo de Leonardo Bravo, Guerrero, es otro ejemplo de la violencia que enfrenta la clase política. Maldonado fue amenazado por un grupo delictivo, que le ordenó, a través de un video, “alinearse” con sus intereses.
Veracruz destaca por ser una de las entidades con mayor número de casos de violencia política extrema. Durante agosto de 2024, este estado registró múltiples actos de violencia perpetrados por grupos del crimen organizado, según el informe Votar entre Balas. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Álamo Temapache, donde Armando Solís, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue secuestrado y asesinado. En otro ataque, la alcaldesa de Acayuca, Rosalba Rodríguez Rodríguez, sobrevivió a un atentado armado.
Además, el presidente municipal, el regidor y la tesorera del ayuntamiento de Texistepec, también en Veracruz, recibieron amenazas de muerte. Estos actos de intimidación reflejan la creciente influencia del crimen organizado en las decisiones políticas locales y el proceso electoral que se avecina en Veracruz, donde en 2025 se llevarán a cabo elecciones para renovar los cargos en los 212 ayuntamientos.
Un aspecto particularmente alarmante de la violencia política es el aumento de ataques dirigidos hacia los familiares de políticos. Esta táctica, utilizada por el crimen organizado para ejercer presión sobre los funcionarios, ha ganado terreno en los últimos años. Entre 2022 y 2023, se registró un notable incremento en el número de familiares atacados, siendo Zacatecas uno de los estados más afectados.
En 2022, Zacatecas registró 21 asesinatos de familiares de políticos, mientras que en 2023 esta cifra alcanzó los 20 asesinatos, junto con otros casos de secuestros y ataques armados. Entre las víctimas más destacadas figuran los familiares del exgobernador y actual diputado federal Ricardo Monreal Ávila, y de su hermano, el actual gobernador de Zacatecas, David Monreal.
En conclusión, la violencia política en México sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo democrático del país. Los casos documentados en Guerrero, Chiapas, Veracruz y otros estados resaltan la urgencia de implementar medidas más efectivas para proteger a los políticos, sus familias y a los ciudadanos que se ven atrapados en este ciclo de violencia. La influencia del crimen organizado en las decisiones políticas y en los procesos electorales plantea un desafío que exige una respuesta integral por parte de las autoridades.
