El gobierno de la Ciudad de México ha sido mandado por una orden judicial a asegurar el suministro de agua potable a los residentes de las colonias Del Valle y Nápoles, tras haber recibido agua contaminada en sus hogares. Esta medida provisional fue dictaminada por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien respondió a un amparo colectivo interpuesto por 10 vecinos afectados hace dos semanas.
La abogada Lucina Leo, también afectada y parte del grupo de vecinos, informó que la decisión judicial requiere la intervención de múltiples entidades, incluyendo el Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas (Sacmex), la Secretaría de Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente. Se espera que estas autoridades sean notificadas, para que comiencen a cumplir con la suspensión provisional y establezcan el método por el cual se proporcionará el agua.
Análisis Químico Revela Contaminantes Peligrosos
Un estudio químico realizado por un laboratorio certificado ha identificado la presencia de sustancias peligrosas como cloroformo, diclorobenceno y tricloroetileno en las muestras de agua de las áreas afectadas. Pablo Morales, maestro en ciencias y experto en tratamiento de agua, subrayó que estos compuestos pueden reaccionar con el cloro utilizado en la distribución de agua, potencialmente incrementando el riesgo para la salud pública.
Morales también desmintió teorías que sugieren un sabotaje al suministro de agua, explicando que los pozos implicados están a profundidades mayores de 100 metros, lo que complica cualquier intento de manipulación externa. Esta posición refuerza la idea de que la contaminación puede tener otras causas que aún necesitan ser investigadas de manera exhaustiva.
Continuarán los Amparos
Lucina Leo destacó que este es el segundo amparo resuelto en favor de los vecinos, pero el primero que se realiza de forma colectiva. Adicionalmente, anticipó que seguirán presentándose más amparos, tanto individuales como colectivos, para solicitar compensaciones económicas debido a los costos adicionales que han enfrentado los residentes por la compra de garrafones y agua de pipa.
En conclusión, este caso subraya la urgencia y la gravedad de la situación, y pone de manifiesto la necesidad de una supervisión y respuesta rápidas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
