El diputado federal Jorge Triana, representante del Partido Acción Nacional (PAN), ha hecho pública una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia local. Triana alega ser el objetivo de una serie constante de amenazas de muerte, que ascienden a un promedio alarmante de cinco por día. Esta situación destaca la gravedad del panorama de violencia política en México, un fenómeno lamentablemente no nuevo pero que ahora alcanza niveles alarmantes.
Jorge Triana no está solo en esta denuncia; le acompañan Carlos Orvañanos y Rafael Montiel, candidatos opositores que también han sentido el peso de la intimidación. Los señalamientos apuntan directamente a ciertos actores políticos, entre los cuales destacan funcionarios de la alcaldía Cuajimalpa y miembros del partido Morena, evidenciando una trama de antagonismo y confrontación que sobrepasa los límites del debate político saludable.
El relato de Triana revela que las amenazas superan las barreras de lo verbal o digital, adentrándose en el terreno de lo físico. Él y otros compañeros de campaña, incluido el candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, han sufrido hostigamientos que incluyen seguimientos y grabaciones por individuos vinculados a la alcaldía Cuajimalpa. Más alarmante aún es el uso de armas punzocortantes contra brigadas de apoyo, lo que subraya el peligro real y presente que esta violencia representa.
Este conflicto se enmarca en una lucha por el control territorial y la manipulación electoral, con prácticas como la ocupación exclusiva de espacios públicos para fines propagandísticos y el hostigamiento a los “barderos”, responsables de la pintura de murales electorales. Según Triana, tales estrategias tienen un claro objetivo: restringir la libertad de elección de la ciudadanía, beneficiando directamente a los candidatos de Morena y el Partido Verde.
La situación descrita por Jorge Triana es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrenta la democracia en México. La violencia política y la intimidación no solo socavan los cimientos de un proceso electoral libre y justo, sino que también ponen en riesgo la integridad y la vida de aquellos que se atreven a levantar la voz. Este episodio debería servir como un llamado a la acción para todas las partes involucradas: autoridades, sociedad civil y actores políticos, para rechazar la violencia y trabajar juntos en pro de un ambiente político que valore el respeto, el diálogo y la pluralidad de ideas.
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