La insuficiencia de recursos públicos destinados al campo del Estado de México continúa colocando a los productores agrícolas en una posición de clara desventaja frente a competidores nacionales y extranjeros, situación que ya genera inconformidad social y podría prolongar las protestas campesinas hasta 2026.
Así lo advirtió Eduardo Reyes Escamilla, presidente de la Cámara de Comercio de Villa Victoria, quien señaló que agricultores dedicados a cultivos estratégicos como maíz, papa y zanahoria enfrentan un escenario adverso por la falta de apoyos estructurales, infraestructura y políticas públicas competitivas.
El dirigente empresarial explicó que uno de los principales obstáculos para el campo mexiquense es la competencia desigual derivada de los acuerdos comerciales internacionales. Mientras productores de otros países reciben subsidios directos, estímulos fiscales y apoyos logísticos, los agricultores mexicanos deben igualar precios internacionales sin contar con las mismas condiciones.
La inconformidad del sector agrícola se ha reflejado en movilizaciones y bloqueos registrados durante 2025, particularmente en el Estado de México, donde campesinos se han sumado al paro nacional del campo. Entre sus principales demandas se encuentra un precio justo de hasta 9 mil pesos por tonelada de maíz, así como la revisión del papel del grano dentro del acuerdo comercial con América del Norte.
Reyes Escamilla advirtió que, de no atenderse el problema de fondo, estas manifestaciones podrían intensificarse y extenderse al inicio de 2026, como resultado del abandono institucional que enfrenta el sector primario.
Ante este panorama, el líder empresarial consideró urgente establecer en la Constitución la obligación de que los municipios destinen al menos el 15% de los recursos que reciben de ramos federales y estatales al fortalecimiento del campo.
A su juicio, esta medida permitiría crear programas de largo plazo enfocados no solo en insumos como semillas y fertilizantes, sino también en infraestructura, capacitación y estrategias de comercialización que eleven la competitividad de los productores locales.
El problema se agrava con la reducción del gasto público destinado al sector. De acuerdo con datos oficiales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó en 2025 alrededor de 73.6 mil millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cifra menor a la del año anterior. Para 2026, se prevé un recorte adicional que dejaría el presupuesto en aproximadamente 71.4 mil millones de pesos.
Aunque estos recursos se concentran en programas como fertilizantes, Producción para el Bienestar, Leche para el Bienestar y Sembrando Vida, especialistas advierten que no son suficientes para cerrar la brecha frente a países como Estados Unidos, donde el apoyo gubernamental al campo es significativamente mayor.
Si bien el sector primario aporta alrededor del 3.4% del Producto Interno Bruto y es clave para la seguridad alimentaria, Reyes Escamilla lamentó que en varios municipios del Estado de México persista un desconocimiento profundo de la problemática agrícola.
“La ausencia de una visión clara y de estrategias eficaces nos mantiene en una posición de desventaja permanente. Sin inversión sólida y planeación, el campo mexiquense seguirá rezagado”, concluyó.
La advertencia es clara: sin mayores recursos, infraestructura y políticas públicas bien diseñadas, el campo del Estado de México no solo verá limitado su crecimiento, sino que continuará siendo un foco de inconformidad social con impacto económico y político en los próximos años.
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