En medio del debate sobre la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la dirección de la ministra Norma Piña Hernández, presentó un informe exhaustivo sobre las leyes que conforman el sistema judicial mexicano y las instituciones que lo representan. Este informe revela importantes desafíos en torno a la justicia y la seguridad pública en México, particularmente sobre la militarización y las problemáticas que enfrentan las fuerzas del orden.
Uno de los puntos clave del análisis de la SCJN es la militarización de la seguridad pública, fenómeno que ha tomado relevancia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas han recibido un notable aumento presupuestal, mientras que las policías locales han experimentado un debilitamiento en su capacidad operativa. Esta situación ha afectado la eficiencia en la aplicación de la ley a nivel local y ha incrementado la dependencia en los cuerpos militares para enfrentar problemas de seguridad.
El diagnóstico de la SCJN destaca que las condiciones laborales de los policías en México son precarias. Jornadas laborales de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, salarios promedio por debajo de los 10,000 pesos mensuales y la carencia de equipo adecuado para desempeñar sus funciones son solo algunas de las problemáticas que afectan a los agentes policiacos. Según el informe, ser policía en México es una labor que no solo conlleva un riesgo elevado, sino que también se realiza bajo condiciones laborales difíciles y con mínimas garantías institucionales.
El informe también subraya que, en el contexto de la militarización, se ha observado un uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Entre enero de 2019 y mayo de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 4,800 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. Estas denuncias incluyen violaciones a los derechos humanos, como actos de tortura, desapariciones forzadas, tratos crueles y detenciones arbitrarias.
Investigadoras como Laura Atuesta, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Estefanía Vela, de Intersecta, argumentan que los enfrentamientos que involucran a las fuerzas militares no solo no contribuyen a la reducción de la violencia, sino que, en muchos casos, están asociados con un aumento en los homicidios a nivel municipal. Este fenómeno agrava la situación de seguridad en diversas regiones del país, donde el enfoque militar ha generado más violencia en lugar de contenerla.
Otro factor que el informe de la SCJN señala como un agravante de la violencia en México es la política de drogas basada en la prohibición. De acuerdo con el análisis, esta estrategia ha dado lugar a un alarmante aumento en el número de homicidios, el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas y un deterioro en la capacidad de las instituciones civiles encargadas de la seguridad. La insistencia en la prohibición de las drogas ha favorecido, además, el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, que han incrementado su capacidad económica y operativa como resultado de estas políticas.
La Corte establece que esta política ha sido ineficaz para reducir la criminalidad y ha contribuido al debilitamiento de las instituciones de seguridad pública, lo que ha facilitado la expansión de actividades ilícitas y la perpetuación de la violencia.
Ante estos retos, la SCJN propone una serie de reformas para reformular la estrategia de seguridad pública en México. El tribunal sugiere la implementación de políticas que no solo se centren en la prevención del delito, sino que también disminuyan la criminalidad a través de medidas sociales y económicas que aborden las causas estructurales de la violencia.
Una de las principales propuestas de la SCJN es la creación de una Instancia Nacional de Política Criminal, cuyo objetivo sería coordinar y articular las acciones de las instituciones encargadas de la seguridad pública en los niveles federal, estatal y municipal. Esta instancia tendría un enfoque integral y optimizaría el intercambio de información entre los diferentes niveles de gobierno, facilitando la colaboración entre los poderes judiciales en el desarrollo de la política criminal del país.
En conclusión, el diagnóstico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subraya la necesidad de revisar a fondo la actual estrategia de seguridad pública en México, con especial atención en los efectos adversos de la militarización y la política de drogas. Para lograr un cambio efectivo, el informe plantea que es fundamental involucrar a las fiscalías y las instituciones forenses en cualquier reforma judicial y de seguridad. Asimismo, insta a adoptar un enfoque más equilibrado, que combine medidas preventivas y correctivas con políticas sociales que contribuyan a la reducción de la criminalidad en el país.
Estas propuestas, de ser implementadas, podrían significar un cambio crucial en la forma en que México enfrenta los retos de seguridad, alejándose del enfoque militar y optando por soluciones más integrales y respetuosas de los derechos humanos.
