Esta mañana, la construcción del Centro de Bienestar Animal en el área protegida del Parque Sierra Morelos fue suspendida provisionalmente. Esta decisión se deriva del dictamen emitido por el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de México, en respuesta a un amparo promovido por activistas ambientales.
Mara Mora, activista y miembro del colectivo INEETSI, señaló que este dictamen representa un paso inicial en el proceso legal.
“El siguiente paso es que nos den la suspensión definitiva, ya que tenemos pruebas con evidencia científica y argumentos sólidos e irrefutables por los cuales esta construcción no debería realizarse aquí”, afirmó Mora.
El 3 de diciembre se decidirá si la suspensión se convierte en definitiva, marcando un momento crucial para la preservación del ecosistema local.
En caso de confirmarse la suspensión definitiva, los activistas exigirán que las autoridades y la empresa constructora realicen la reparación del daño causado. Esto implica desmantelar lo construido hasta ahora y permitir que la naturaleza recupere su equilibrio en beneficio de las diversas especies que habitan el área.
“La empresa constructora junto con las autoridades que autorizaron este proyecto son responsables de que se haya llegado a este punto”, señaló Mora.
Subrayando la importancia de buscar responsables para garantizar que no se repitan situaciones similares.
El colectivo no se opone a la creación de un Centro de Bienestar Animal, pero insiste en que su ubicación debe respetar las áreas protegidas y garantizar la preservación del medio ambiente. Por ello, han solicitado un diálogo con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna para evaluar opciones de reubicación. Este enfoque busca equilibrar el cuidado de los animales con la protección de los ecosistemas.
El Parque Sierra Morelos es hogar de una amplia variedad de especies y cumple una función vital como pulmón verde en la región. La construcción en este espacio ha sido considerada por los activistas como un ecocidio, dado el impacto negativo que puede generar en la biodiversidad y el equilibrio natural.
La decisión del Juez Octavo no solo marca un precedente legal en la protección de áreas naturales, sino que también refuerza la necesidad de implementar proyectos sostenibles que respeten las leyes ambientales. La suspensión provisional brinda una oportunidad para reflexionar sobre cómo gestionar de manera responsable el desarrollo urbano y la protección de los recursos naturales.
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